El alcalde de Guaro, José Antonio Carabantes (Cs), denunció este martes la deuda exacta que arrastra su ayuntamiento después de 40 años de diferentes gobiernos del PSOE, un total de 8 millones de euros para una localidad que ronda los 2.000 habitantes. Así considera que se tardará al menos una década en normalizar la situación económica de este consistorio. Sin querer entrar «en la confrontación, ni personalizar en nadie, el anterior regidor nos adelantó que había una deuda de algo más de cuatro millones. Pero el informe del nuevo interventor certifica que está en el doble».

Para Carabantes, que estuvo acompañado por la edil delegada de Economía, Lorena Najarro, su antecesor, Noé Oña, «ya heredó un Ayuntamiento con muchas carencias, pero no se han tomado las medidas. Se aprobaron dos planes de ajuste desde 2012 y no se aplicaron. Sólo en el festival de la Luna Mora, con políticas de ajuste, en la primera edición que hemos organizado se han ahorrado 65.000 euros», relata el nuevo alcalde.

Pero las cifras que especifica ese nuevo informe son «como mínimo preocupantes». Por ejemplo, a proveedores se adeudan 1,5 millones de euros, a raíz de una sentencia judicial no abonada, casi 900.000. Y a la Seguridad Social, más de 120.000 porque a los voluntarios de la Luna Mora «no se les daba de alta. Esa situación la denunció el Partido Popular y acarreó ese montante añadido», señala Carabantes.

«Precisamente nos presentamos un grupo de vecinos a las elecciones, sin saber siquiera si íbamos a concurrir por Ciudadanos, porque estábamos viendo el descontrol en el Ayuntamiento y la deuda que no dejaba de crecer. En nuestro pueblo se tramitaba un nuevo campo de fútbol antes que cambiar el sistema de abastecimiento que tiene cerca de 40 años. Somos un pueblo con mucha agua, pero perdemos el 60% del caudal por las tuberías, que casi se averían a diario. Y el problema es que no se ha reparado en los pocos ingresos que entran. Con una red moderna hasta podríamos atender las numerosas solicitudes que hay para disponer de los excedentes de agua», agrega el regidor.

Una absoluta asfixia económica

Carabantes lamenta que el Consistorio «ni siquiera recibe tributos por la ocupación de la vía pública a través de la instalación de mesas y sillas en los bares». En los informes ya elaborados se detectan obras de las que se recibieron subvenciones y que ahora no se pueden justificar, porque supuestamente se desvió al pago de nóminas tales importes, tal y como los nuevos dirigentes también informaron ayer.

«Tenemos una absoluta asfixia y económicamente no va a ser nada fácil reducir esa deuda que está en unos 4.000 euros por habitante. No se van a poder agilizar de esta forma muchas de las iniciativas que teníamos planteadas», reconocen.

Entre las medidas urgentes, Carabantes mantuvo ayer un primer encuentro con la Diputación para la búsqueda de nuevas vías financieras. «Todos somos responsables de esta situación, gobierno y oposición, y debemos atajarla entre todos. Necesitamos la colaboración de todos los partidos, con independencia del color económico», dice.

Atrás quedan contrataciones en festivales que se elevaban por encima de 70.000 y 80.000 euros, alegan los nuevos dirigentes. El objetivo en este sentido: «Transparencia y una gestión seria», concluyen.