El alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca, ha declarado en el juicio en el que está acusado junto a otras tres personas por un delito urbanístico y ha asegurado que no miraba los expedientes de las licencias que firmaba, sino que se basaba en los informes técnicos a la hora de aprobar los permisos de este tipo. "Confío en las personas", ha asegurado.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga ha acogido este jueves la primera vista oral de las piezas en las que se dividió el denominado caso 'Almexia', en este caso por autorizarse en 2008 unas obras para la reforma y ampliación de una vivienda, cuando presuntamente se trataba de una nueva construcción. Además del regidor, están acusados un técnico y los dos promotores.

Así, Torreblanca, que lleva como alcalde de 1983, ha explicado que la forma de proceder con los permisos urbanísticos era que le hacían un listado con las licencias que se podían aprobar y las que no, pero él no decía si se otorgaban, sino que se decidía según si los informes del secretario y del arquitecto, técnico municipal, eran favorables; documentos en los que él no participaba.

Luego, el secretario hacía el decreto de aprobación y él se limitaba a firmarlo. No miraba lo que firmaba ni consultaba los expedientes; "tengo que confiar en las personas, es mi forma de ser", incidiendo en que respetaba los informes y no se apartaba de los criterios jurídicos. Ha dicho que conoce a los promotores de esta licencia desde siempre del pueblo, pero no habló con ellos sobre lo que querían hacer en esa parcela.

Sobre un informe de la Policía Local que habla de restos de una vivienda en el terreno, el regidor ha señalado que no daba instrucciones al respecto. "He sido objetivo siempre, nunca he intervenido ni con la Policía Local, ni los técnicos ni funcionarios", ha aseverado en referencia al trabajo que realizaba cada uno en su ámbito.

Por otro lado, el arquitecto, técnico municipal, también acusado, ha explicado que para estas licencias se pedía un proyecto visado y documentos que acreditasen la antigüedad, precisando que aunque dicho informe policial para él "no era aclaratorio de la realidad", sí decía que había restos, de 12 metros cuadrados; un tipo de vivienda que antes era "habitual" en la localidad.

Ha declarado que entendía suficiente el informe de la Policía Local, que "era una garantía", y que el proyecto presentado, que proponía una vivienda de más de 140 metros cuadrados, era "coherente y estaba visado" por el colegio oficial. "Actué de buena fe, estaba convencido de que allí había una vivienda a reformar por la documentación, que me creí", ha asegurado.

Así, ha indicado que no inspeccionó la finca pero que si hubiera ido al lugar habría informado en otro sentido; y que él como arquitecto particular hacía informes de antigüedad para clientes que se lo solicitaban pero no en este caso ni para Almogía. Ha apuntado, además, que no hablaba con el alcalde de las licencias y sí con el secretario municipal.

En el caso de los dos promotores acusados, que son hermanos, fueron los que solicitaron las licencias para la reforma y ampliación de vivienda y ambos han reconocido este jueves como ciertas las acusaciones del ministerio fiscal, que en sus conclusiones definitivas ha pedido una condena a seis meses de multa y tres años y medio de inhabilitación.

Al alcalde se le acusa de un delito de prevaricación urbanística, al igual que al arquitecto técnico municipal, solicitando la pena de nueve meses de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante siete años para cada uno de ellos. Se considera que se debe aplicar la atenuante de dilaciones indebida.

El fiscal sostiene que uno de los promotores, para una vivienda unifamiliar aislada en suelo clasificado como no urbanizable pidió informe de antigüedad a la Policía Local, que fue realizado en marzo de 2007 y que indicaba la existencia de unas ruinas de 12 metros cuadrados. "No obstante la inexistencia de vivienda que reformar o ampliar", dice la acusación, el procesado solicitó licencia.

El secretario municipal emitió un informe genérico en el que se limitaba a expresar la norma aplicable y el procedimiento a seguir, pero "sin pronunciarse sobre la adecuación o no a la legalidad". En agosto de 2007, el otro promotor pidió licencia de obras para lo mismo, instando a que se englobara con el anterior expediente con el fin de "evitar la tramitación del preceptivo proyecto de actuación".

La Fiscalía sostiene que "la inexistencia de edificación que reformar" fue comprobada por los policías locales en octubre de 2009 y fue verificado en 2011 por la Consejería de Obras Pública. A pesar esto, indica la acusación, el arquitecto técnico municipal, acusado en la causa, emitió un informe favorable "conocedor de la irregularidad del informe de antigüedad" y de que era una nueva obra.

"Como resultado de lo anterior", el alcalde concedió la licencia de obra solicitada en abril de 2008 "conocedor de la inexistencia de edificación que reformar o ampliar, de la necesidad de la tramitación y aprobación del proyecto de actuación y la falta de justificación de la vinculación a fines agrícolas", según señala el ministerio público.