La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha paralizado varias parcelaciones urbanísticas ejecutadas en suelo rústico de especial protección en la zona conocida como Dehesa Alta en el término municipal de Cártama, en las que se estaban instalando edificaciones sin ningún tipo de licencia urbanística ni autorización administrativa.

En concreto, la Inspección urbanística de la Consejería de Fomento ha precintado dos casas prefabricadas y se han abierto otras tres diligencias informativas de otras tantas viviendas.

Las viviendas se están construyendo en una parcela, que se encuentra en suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección en el Paisaje Agrario Singular Regadíos del Guadalhorce.

Los inspectores de la Consejería de Ordenación del Territorio han detectado una parcelación incipiente, habiéndose podido constatar, a través de la última imagen satélite disponible, de ahí la importancia de la medida cautelar provisional adoptada por los inspectores, que han estado asistidos por miembros de la Policía Autonómica.

Las viviendas prefabricadas se esconden detrás de mallas de ocultación, sobre suelo protegido. L.O.

Tras varias visitas a la zona, los inspectores constataron que se trataba de una parcelación urbanística en suelo rústico preservado por la ordenación territorial y urbanística, conforme al artículo 99 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), en un ámbito con un evidente riesgo de formación de nuevos asentamientos, dada la existencia de parcelaciones urbanísticas consolidadas y una elevada densidad de viviendas en suelo rústico.

Casi la totalidad de las parcelaciones ejecutadas, y ahora precintadas como medida cautelar, se encuentran con vallados perimetrales con vallas y mallas para su ocultación, disponen de portones o cancelas metálicas de acceso rodado, acometidas eléctricas, instalaciones anexas de depósitos y almacenamiento, viario interior de acceso, viviendas prefabricadas, casetas y auto caravanas, que presentan un uso recreativo y/o residencial, todo ello ejecutado sin licencia urbanística, según informa la Consejería de Ordenación del Territorio.

A los propietarios que se han personado en el acto del precinto se les ha entregado diligencias informativas, en las que se les advierte de las consecuencias que supone el incumplimiento de la orden de suspensión y de la rotura del precinto.

La Consejería ha incrementado las inspecciones en el suelo rústico de Cártama desde 2019 ante por el incremento de infracciones detectadas, las denuncias de particulares y de cuerpos de seguridad (Seprona de la Guardia Civil y Policía Autonómica), y la colaboración y asesoramiento llevado a cabo en diligencias y procedimientos judiciales por delitos contra la ordenación del territorio en curso.

Se tratan en su mayoría de nuevas parcelaciones urbanísticas que inducen la consolidación de elevadas concentraciones de viviendas y que conllevan la precariedad de servicios básicos, dada su naturaleza irregular. En otros casos, las infracciones responden a la promoción y venta a través de portales inmobiliarios de pequeños lotes de parcelas con luz y agua, en los que se invita a la instalación de cabañas de maderas, mobilehome o prefabricadas, lo que ha dado lugar a la apertura de expedientes sancionadores por publicidad disconforme con la ordenación territorial y urbanística.

La Consejería de Fomento informa de que quiere acabar con la práctica del urbanismo ilegal propia de años anteriores y que tanto daño ha causado al territorio y a la imagen de Andalucía en el exterior, al mismo tiempo que se ofrece una solución a los propietarios de edificaciones irregulares prescritas, que podrán regularizar con todas las garantías su situación jurídica con posibilidad de acceso a los suministros básicos de agua y energía gracias a la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Los responsables de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que dirige Marifrán Carazo defienden que la solución al problema pasa por poner freno a las nuevas infracciones, para la que se apela a una llamada a la conciencia ciudadana a la sostenibilidad social, ambiental y económica de nuestro territorio.