Tribunales
Piden cárcel para una red que vendía neumáticos usados no aptos en la comarca de Antequera
Importaban ruedas usadas, las almacenaban en naves sin ningún tipo de sistema de seguridad y las vendían a países de la UE, Sudamérica y África

Neumáticos usados almacenados en una de las naves / L.O.
EFE
La Fiscalía de Málaga ha pedido más de once años de prisión para seis personas acusadas de pertenecer a una trama que se dedicaba a reintegrar en el mercado nacional e internacional neumáticos usados no aptos para circular.
La acusación pública destaca en su escrito acusatorio que los procesados operaban en "naves clandestinas" en las localidades malagueñas de Mollina, Humilladero y Antequera a través de diferentes empresas. En estas naves se almacenaban toneladas de neumáticos sin ningún tipo de medida de seguridad en materia de incendios, pese al riesgo potencial de ello y con el consiguiente peligro medioambiental por la multitud de sustancias tóxicas que podrían ser vertidas en la atmósfera y en suelo si se producía un incendio.
Dichos neumáticos eran importados de Alemania, Francia, Inglaterra e Italia y, aunque la investigación se inició en 2017, los agentes de la Guardia Civil mantienen que los acusados operaban al menos desde hacía cinco años antes.
Aunque los neumáticos deberían haber sido destruidos, se reintegraban en el mercado nacional, a distintos países de la UE y a terceros en Sudamérica y África "sin ser aptos para su uso" y sin verificar las mínimas garantías de seguridad, con lo que también ponían en riesgo la seguridad de las personas que lo compraban.
La investigación por parte del Seprona se inició al tener conocimiento de la existencia de varias naves clandestina en las que se almacenaba dichos neumáticos pero en el curso de las pesquisas se llegó a conocer la existencia del presunto comercio fraudulento de neumáticos usados.
Delitos contra los recursos naturales, medio ambiente y estafa
El fiscal los acusa de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, estafa y delito leve de falsedad de certificados. La acusación pública subraya que los neumáticos eran almacenados en unas instalaciones en las que supuestamente no existían equipos de detección de incendios, sistemas de alarmas, detección de humo o planes de emergencia.
Debido a ello, el fiscal destaca que si se hubiera producido un incendio en alguna de las naves, su extinción hubiera sido "enormemente compleja", con riesgo de propagación a naves industriales colindantes y que hubieran generado multitud de sustancias tóxicas que hubieran afectado a la atmósfera, a los suelos y a los acuíferos.
"Provocando problemas medioambientales de contaminación de campos, cultivos, acuíferos, cauces próximos, atmósfera e incluso a la salud de las personas", porque la mayoría de ellas estaban ubicadas en polígonos industriales próximos a la población, recalca el fiscal.
Además se precisa en el escrito acusatorio que los acusados no pagaron la ecotasa correspondiente para reintroducir los neumáticos en el mercado, lo que generó una deuda superior a los 230.000 euros con el organismo que gestiona este trámite.
En el banquillo de los acusados se sentarán cuatro personas responsables de una de las empresas acusada, la cual contaba con hasta trece naves en un polígono industrial de Mollina y en las que almacenaba más de 1.000 toneladas de neumáticos fuera de uso (NFU) y 16.700 neumáticos usados.
Otro de los acusados está relacionado con la segunda empresa, que tenía una nave en Humilladero donde almacenaba unos 9.000 neumáticos de segunda mano importados desde Francia e Inglaterra y, el último de los acusados también almacenaba en un local neumáticos de segunda mano, también supuestamente sin las autorizaciones correspondientes y sin cumplir las medidas de seguridad.
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