Polémica por las exigencias para los nuevos exámenes de Tráfico en Málaga

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, afirmó ayer, junto a los alcaldes de Antequera, Manuel Barón; y Ronda, Maripaz Fernández, que el Gobierno de España, a través de la Dirección General de Tráfico (DGT), «obligará a los jóvenes de la provincia a desplazarse hasta la capital para hacer los exámenes obligatorios para la obtención del carné de conducir tras imponer a los ayuntamientos esta competencia impropia».

Barón explicó que Tráfico «pretende que los ayuntamientos pongan no una sala a disposición, como ya venimos haciendo, sino un local de uso permanente, con contacto de personal técnico para resolver problemas informáticos, personal de seguridad, auriculares, fibra óptica, ADSL, conexión a la red SARA, un mínimo de 100 megas, aula climatizada, mesa para el gestor de pruebas y para los aspirantes, red mediante cableado, 15 puestos informatizados o pantallas táctiles», ha enumerado.

«Ellos cobran las tasas de exámenes y nosotros los financiamos», ha lamentado Barón, quien ha asegurado que la inversión para la creación y dotación de estas salas «supera los 125.000 euros, más gastos de mantenimiento y de contratación del personal informático y de seguridad».

Barón y Fernández han reprochado al Ministerio del Interior que mantenga bloqueadas las obras del cuartel de la Guardia Civil de Antequera y de la Comisaría de Policía Nacional de Ronda. «El Gobierno no ejecuta las inversiones necesarias en los municipios pero sí exige a los ayuntamientos inversiones que son de su competencia».

Respuesta del Gobierno

La Subdelegación del Gobierno lamentó la actitud de estos alcaldes del PP aunque afirma que la mayoría de Consistorios de España, incluido el de Marbella (PP), está colaborando para dar una solución a sus vecinos.

«En el convenio sólo se pide a los ayuntamientos que habiliten una sala informatizada para los nuevos exámenes que incluyen pruebas con vídeos para que los vecinos no tengan que desplazarse hasta Málaga».

Recuerdan que el Gobierno colabora con los municipios con un incremento del 40% desde 2018 en la transferencia a de impuestos recaudados. Y les insta a pedir ayuda a la Diputación de Málaga «que asume proyectos millonarios en municipios de más de 20.000 habitantes gobernados por el PP y que no son de su competencia».

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