Medio Ambiente
Avanza el parque solar de Teba y Cañete la Real tras seis años
La declaración de utilidad pública permitiría ocupar los terrenos donde aún no hay acuerdo con los propietarios antes de comenzar las obras

Parque solar Cobra Concesiones. | L.O.
La Junta de Andalucía sometió a información pública el pasado 3 de julio de 2026 la solicitud de declaración de utilidad pública del parque solar PSF Ronda 5, previsto entre Teba y Cañete la Real, con una potencia instalada de 47,19 MW y promovido por Cobra Concesiones.
El proyecto arrancó su tramitación en noviembre de 2020 y ya cuenta con autorización administrativa de construcción, concedida el 14 de febrero de 2024. La declaración de utilidad pública que ahora se tramita afecta a la línea subterránea de alta tensión de 30 kV que conectará la planta con la subestación Ronda Promotores FV, y permitiría a la Administración imponer ocupaciones o servidumbres de paso sobre determinadas fincas, conforme a la Ley de Expropiación Forzosa.
El periodo de información pública, publicado en el BOE el 3 de julio de 2026, permite consultar la documentación y presentar alegaciones hasta el 14 de agosto de 2026, dentro de un plazo de 30 días hábiles.
La planta solar PSF Ronda 5 tendrá una potencia instalada de 47,19 MW y ocupará unas 85 hectáreas entre los dos municipios. La instalación contempla 76.740 módulos fotovoltaicos bifaciales, doce inversores, siete estaciones de potencia y una línea subterránea de 2.888 metros hasta la subestación de conexión. Los accesos a la planta se realizarán desde la carretera A-367, con siete accesos de nueva construcción hacia los distintos vallados.
Seis años de trámites
El expediente arrancó el 12 de noviembre de 2020, cuando Cobra Concesiones solicitó la autorización administrativa previa y de construcción. En noviembre de 2022 el proyecto recibió un dictamen ambiental desfavorable por su posible afección a especies de avifauna amenazada, resuelto favorablemente en enero de 2023 tras la aportación de documentación adicional. La autorización administrativa de construcción llegó en febrero de 2024.
Para la planta en sí, la promotora alcanzó acuerdo con las 14 fincas privadas afectadas. Sin embargo, quedan pendientes dos parcelas vinculadas a los accesos y nueve fincas relacionadas con la línea de evacuación, sin acuerdo con sus propietarios. Es precisamente sobre estos terrenos donde se solicita ahora la declaración de utilidad pública.
El plazo de alegaciones se cierra el 14 de agosto. A partir de ahí, la Administración deberá resolver la declaración de utilidad pública antes de que el proyecto pueda avanzar hacia la fase de obras.
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