El presidente del Congreso, José Bono, ha confirmado este miércoles, tras mantener un breve encuentro con el líder del PP, Mariano Rajoy, que hay unanimidad para impulsar una reforma de la Ley Electoral General que haga posible el acceso al Registro de Intereses en el que se recogen las declaraciones patrimoniales de los parlamentarios.

Esta iniciativa ha sido promovida por Bono y por el presidente del Senado, Javier Rojo, dentro de su catálogo de medidas para fomentar la transparencia, suprimir los complementos de pensión de los parlamentarios y restringir al mínimo las posibilidades de compatibilizar el escaño con actividades profesionales.

La reunión entre Rajoy y Bono tuvo lugar en el despacho del presidente del Congreso y no llegó a los diez minutos de duración. Al finalizar el encuentro, el dirigente 'popular' abandonó la Cámara Baja sin hacer declaraciones, y Bono se limitó a anunciar el acuerdo en torno a la reforma de la Ley Electoral, evitando dar más detalles de su conversación con el líder del PP.

"Ya tengo la posibilidad de anunciarles que la ley para que los bienes y rentas de los diputados y senadores sean públicos ha alcanzado la unanimidad de todos los grupos y todos los partidos de la Cámara", ha comentado Bono, asegurando que no hay "duda" de que dará tiempo a que la reforma se apruebe con celeridad.

Hasta ahora se publican las declaraciones de actividades de los parlamentarios una vez aprobadas por el Pleno de la Cámara, pero, con la reforma que ahora se promueve, se podrían conocer también las declaraciones de bienes y sin esperar al certificado de las respectivas comisiones del Estado del Diputado del Congreso y de Incompatibilidades del Senado.

La modificación de la Ley Electoral requiere mayoría absoluta. En concreto, se trataría de modificar el penúltimo inciso del artículo 160.2 de la Ley Electoral para establecer que "el contenido del Registro de Intereses tendrá carácter público".

La previsión es que la proposición de ley conjunta se presente este mismo mes, se tramite por el procedimiento de urgencia y en lectura única entre junio y julio, en un solo debate parlamentario en el Pleno del Congreso.