04 de mayo de 2017
04.05.2017
Investigación

Madrid denuncia el Open de Tenis ante la Fiscalía Anticorrupción

En el contrato firmado con los organizadores bajo el mandato de Gallardón podría haber malversación

04.05.2017 | 17:04

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la empresa municipal Madrid Destino, ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción los contratos que el equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón suscribió con la empresa organizadora del Open de Tenis, al considerar que podría haber en ellos malversación.

Según han adelantado hoy El Mundo y la Cadena Ser y ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la portavoz municipal, Rita Maestre, la denuncia ante la Fiscalía la han firmado tres exdirectivos de Madrid Destino, entre ellos los ediles Carlos Sánchez Mayo y Celia Mayer, en base a un informe redactado por un bufete externo de abogados.

La denuncia cuestiona el convenio que el Ayuntamiento tiene suscrito con Madrid Trophy Promotion (MTP) para la celebración del Mutua Open de Tenis hasta el 2021, un contrato que, pese a la presentación de la denuncia, el equipo de Gobierno no va a rescindir ni a renegociar.

Según ha justificado Rita Maestre, "el principio de prudencia debe imponerse siempre" y quien debe dictaminar si existe irregularidad en ese convenio no es el Consistorio "sino los jueces", por lo que el contrato sigue en vigor.

En la denuncia de Madrid Destino consta que la aportación municipal al torneo que se celebra desde mañana en la Caja Mágica era al inicio de 1,5 millones de euros anuales, una cantidad que se incrementó en 2009 hasta 5,3 millones y al año siguiente fue de 10,4 millones.

La portavoz municipal ha comentado que se ha denunciado ante la Fiscalía el convenio por si se hubiesen lesionado los intereses de los madrileños pero el Ayuntamiento -ha dicho- debe "seguir manteniendo el servicio" al tratarse de un evento "positivo y bueno para la ciudad".

Maestre ha trasladado además la "enorme preocupación" del Ayuntamiento ante las informaciones que a su juicio revelan que las instituciones madrileñas no han estado en los últimos años al servicio de los intereses de sus ciudadanos y ha remarcado el interés municipal de "evaluar" el destino del dinero público. 

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