16 de noviembre de 2017
16.11.2017
Desafío independentista

Interior defiende ante Bélgica las cárceles españolas

La Fiscalía belga preguntó al Estado por las prisiones españolas antes de la comparecencia de Puigedmont

16.11.2017 | 20:36

El Ministerio del Interior ha remitido a través de Instituciones Penitenciarias la contestación a las 14 preguntas plateadas por la Fiscalía belga antes de estudiar este viernes la posible extradición del expresident catalán Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsellers que huyeron a Bruselas, evitando la comparecencia en la Audiencia Nacional.

Fuentes penitenciarias han explicado a Europa Press que en el documento, de 15 páginas, se responde pormenorizadamente a cada una de las 14 cuestiones planteadas por la Fiscalía belga, recordando aspectos como que Puigdemont mantendría en la prisión de Estremera el contacto con su abogado, de acuerdo a la legislación penitenciaria, y se cuidaría que no sufriera agresiones por parte de otros internos. Además, podría disponer de celda individual si la pide o compartirla con alguno de sus exconsejeros.

La Fiscalía belga se interesa por las celdas de aislamiento (que se utiliza sólo en caso de agresiones a funcionarios), la visita de familiares, la higiene o incluso la alimentación en las prisiones españolas. Interior explica que Puigdemont y los otros cuatro exconsellers ingresarían en la prisión de hombres en Estremera y las mujeres en Alcalá-Meco, una vez se autorice su traslado cumpliendo la orden de detención de la Audiencia Nacional.

Estremera cuenta con celdas amplias de 11 metros cuadrados, talleres para los internos, aulas y atención médica todo el día, así como los demás servicios propios de una cárcel.

A la pregunta de "¿Cuáles son las dimensiones de la celda en la cual el (los) implicados (s) serán encerrados?", las autoridades españolas, según las mismas fuentes, han ofrecido a la Fiscalía información adicional, como que cada celda está equipada para ser ocupada por dos internos y tiene inodoro y ducha con una separación para preservar la intimidad, así como conexión para televisión.

También informan a la Fiscalía de que las celdas pueden ser compartidas pero se podría garantizar la estancia individual salvo que los facultativos observen riesgo de suicidio.

Y a la pregunta de su hay "superpoblación" en la cárcel donde ingresarían los huidos y las medidas que se tomarían para "impedir que los implicados se vean confrontados con las consecuencias negativas de tal superpoblación", España señala que Estremera tiene 1.214 celdas y en la actualidad está ocupada por 1.071 internos.

De todos modos, Prisiones podría garantizar una celda individual si Puigdemont o los exconsejeros lo solicitan.

Recuerda España que solo si protagonizan incidentes violentos especialmente graves, los internos pueden quedar encerrados en una celda de aislamiento, pero siempre supervisado por el equipo médico, autorizado por el director de la cárcel y comunicado al juez de Vigilancia Penitenciaria.

También tranquiliza a la Fiscalía belga al haberle informado de que la comida responde en cantidad y calidad a las exigencias dietéticas de los presos, edad, salud y costumbres; de que pueden ir al gimnasio, a la biblioteca y a talleres y de que los reclusos realizan vida en común con otros unas ocho horas diarias.

Garantizan asimismo las autoridades españolas una asistencia médica primaria, pero también la especializada en la red pública sanitaria, así como su derecho a la defensa facilitando el acceso a sus abogados y su integridad física con medidas de seguridad interior para evitar agresiones.

La Fiscalía belga pide información sobre el sistema judicial y las cárceles españolas. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

Las prisiones catalanas gestionadas por Puigdemont


Las citadas fuentes han explicado que uno de los razonamientos que se hacen en el documento es que "no parece comprensible que se intente proyectar sospechas sobre las condiciones de internamiento en España por personas que han gestionado las cárceles en Cataluña", caso del expresident Puigdemont, "con los mismos estándares legales y elementos materiales" que en el resto de centros penitenciarios del país.

Se recuerda igualmente que la legislación nacional prohíbe la tortura y los malos tratos de acuerdo a la Constitución y que el artículo 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria recoge que: "Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra".

Instituciones Penitenciarias recuerda que España recibe periódicamente visitas del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y existe una "supervisión constante" del respeto a los derechos humanos en las prisiones por el Defensor del Pueblo y el Mecanismo de Prevención de la Tortura Nacional.

También se alude a que la Administración Penitenciaria española está directamente supervisada por jueces de vigilancia penitenciaria, "independientes, integrantes del poder judicial y con amplias facultades para corregir cualquier desviación o abuso que pudiera producirse".

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