22 de octubre de 2018
22.10.2018
Máster de Cifuentes

El fiscal ve una "irregularidad administrativa" el cambio de notas en el máster de Cifuentes

La juez del caso archivó la parte relativa a los delitos de prevaricación y cohecho, una resolución que el fiscal ve "ajustado a Derecho"

22.10.2018 | 18:17
Cristina Cifuentes tras anunciar su renuncia.

La Fiscalía de Madrid sostiene en un escrito que el cambio de notas en el expediente académico de la expresidenta regional Cristina Cifuentes dentro del máster que realizó en el Instituto de Derecho Público, ya extinguido, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) supone "únicamente" "una irregularidad" en el "ámbito administrativo".

Así lo afirma en un escrito con motivo del traslado del recurso que interpuso la universidad contra el auto en el que la juez Carmen Rodríguez Medel archivó la parte relativa a los delitos de prevaricación y cohecho, una resolución que el fiscal ve "ajustado a Derecho".

El sobreseimiento dictado por la instructora el pasado 1 de octubre afectó a 19 personas, entre ellos a Amalia Calonge, la funcionaria que retocó las notas del expediente. La semana pasada, la juez desestimó el recurso de la universidad contra el archivo de la causa.

En la causa que instruye Rodríguez Medel, al frente del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, solo queda el delito de falsedad documental por el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cifuentes, unos hechos denunciados por la propia universidad.

En el escrito fechado el pasado 16 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal se pronuncia sobre la impugnación de la universidad al sobreseimiento de Amalia Calonge. Sobre esta cuestión, recuerda que el profesor del máster Pablo Chico de la Cámara "comprobó el merito académico de Cifuentes y ordenó en consecuencia la rectificación de la nota".

Por tanto, concluye que "únicamente" podría imputarse a Amalia Calonge una irregularidad en el ámbito administrativo, al haber llevado a cabo una modificación que ya no correspondía. Señala, por tanto, que "no puede imputársele" ninguna de las conductas previstas en el Código Penal.

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