31 de octubre de 2018
31.10.2018
Queja

La insólita demanda millonaria contra Carles Puigdemont presentada por un jubilado

Pide al exlíder catalán y a los exconsellers fugados 250 millones por atentar contra el honor de España

31.10.2018 | 21:29
Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat.

"Vaya por delante que esta no es una demanda normal". Y vaya si no lo es. Esta es la frase con la que arranca una demanda judicial civil presentada por un vigués de 79 años afincado en Gran Canaria.

Con esas palabras ya se advierte de lo chocante del pleito. Y es que lo dirige contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers huidos de la justicia española Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig al estimar que "vulneraron gravemente" el honor de España con las "injustas acusaciones" e "insultos" que, se refiere, se contienen en la demanda que los líderes independentistas formalizaron en Bélgica contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

El litigio fue presentado por la vía de la tutela del derecho al honor, para su reparación, y en el mismo este jubilado reclama que los políticos catalanes sean condenados al pago de 250 millones de euros (50 millones cada uno) en concepto de "daño moral", dinero que se destinará "a cualquier partido, organización o entidad que se dedique entre sus fines a la defensa de la unidad de España".

La demanda, con fecha de este 17 de octubre, la formaliza Gustavo Albarracín Fernández, un septuagenario natural de Vigo si bien, dado que su padre era farero, residió también en otras ciudades. En la actualidad vive en Las Palmas de Gran Canaria, motivo por el cual el escrito lo presentó en los juzgados de Santa María de Guía, recayendo tras su reparto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de esta localidad, donde el procedimiento ya tiene número -el 438/2018- y donde esta misma semana el litigante otorgó el preceptivo poder a la procuradora.

A la espera de si el tribunal admite o no a trámite la excepcional causa, el letrado que representa a este vigués, Jorge Tocino Maquieira, inscrito en el Colegio de Abogados de Vigo -entidad de la que fue secretario- aunque residente ahora en Mallorca, reconoce lo "atípico" del pleito. "Nunca nadie presentó una demanda para defender el honor de todo un país", expone en primer lugar. "Además el derecho al honor tiene carácter de personalísimo; pero aquí nos encontramos con que las ofensas son al Estado español, que está formado por ciudadanos españoles y lo que entendemos es que cualquiera de ellos puede sentirse ofendido y perjudicado", argumenta el abogado para explicar la razón por la que considera que su cliente está legitimado para emprender esta vía.

En Bélgica

El caso, de seguir su recorrido si el juez así lo determinase, tendría carácter preferente y requeriría de la intervención del Ministerio Fiscal. El demandante -que según lo presenta su abogado en la demanda fue maestro nacional, se dedicó a la actividad inmobiliaria y en la actualidad cobra una pensión de jubilación de poco más de 650 euros- pide al tribunal la admisión del litigio y que se emplace a Puigdemont y los cuatro exconsellers, facilitando como domicilios a tal efecto los despachos de sus abogados en Bélgica.

A modo de resumen, tres son las principales pretensiones que se exponen en esta demanda: que se declare la existencia de intromisión ilegítima en el honor y dignidad del demandante como "ciudadano español"; la condena al pago de una cantidad total de 250 millones de euros por daño moral "por atentar contra el honor de España y por tanto del demandante"; y que la sentencia sea publicada en los dos periódicos de mayor difusión de España y Bélgica.

"Que un español defienda el honor de España y el suyo propio no es corriente. Pero el demandante está seguro de que cuanto se diga en este escrito sería refrendado y suscrito por millones de españoles. Vaya también por delante la evidencia simple de que los demandados son también ciudadanos de este gran país que es España, siquiera cabe calificarlos de malos españoles, lo cual es de suponer que no les ofenda, teniendo en cuenta el ideario separatista", se expone en el arranque de un escrito en el que se recogen varios párrafos de la demanda contra el magistrado Llarena presentada en Bélgica por Puigdemont y los cuatro exconsellers. Una demanda que el vigués tilda de "esperpéntica" y que considera que contiene "expresiones gravemente injuriosas para la democracia española y su estado de derecho".

Una de las consideraciones de los exmiembros del Govern era que las decisiones del juez ponían a España "al lado de Kazajistán, entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales". Algo que el vigués ve un "grave insulto". El caso sobre el que debe decidir un juez canario hace también un breve recorrido histórico, acusa a los independentistas de "vender humo" y denuncia la "afrenta" que supone para un país democrático "negar falsamente que sus instituciones y sus tribunales no respeten los mínimos derechos humanos".

Y hace una precisión sobre los 250 millones de euros que reclama por daño moral. Ve la cuantía "adecuada" a la "grave falta" cometida con esa demanda contra el magistrado del Supremo: "Puede parecer elevada, pero dividida entre todos los ciudadanos españoles tocan a poco más de un euro".

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