21 de febrero de 2019
21.02.2019
Juicio del 'procés'

Juicio del 'procés' | Jordi Sànchez defiende que organizar el 1-O "no merece reproche penal"

El exlíder de la ANC califica de "ilegal" el referéndum pero dice que nadie les impidió hacer campaña

21.02.2019 | 17:17

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha calificado de "ilegal" el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, pero al mismo tiempo ha defendido que organizar una consulta así "no merece reproche penal", y de hecho ha subrayado que ni la Fiscalía ni ninguna autoridad judicial les prohibieron hacer campaña.

"Organizar un referéndum ilegal no merece reproche penal. La ciudadanía asumió de manera muy mayoritaria su voluntad de votar. Creemos que todo el mundo tenía el derecho a participar como en una manifestación", ha justificado Sànchez durante su declaración en el juicio por el proceso independentista en Cataluña.

El acusado ha comenzado a responder preguntas sobre el 1-O después del receso del juicio para comer. Por la mañana el interrogatorio ha estado más centrado en el 20-S, y ya por la tarde se le ha cuestionado sobre las movilizaciones durante el día del referéndum.

A la pregunta del fiscal Javier Zaragoza acerca de si sabía que la ley del referéndum y el decreto de convocatoria habían sido suspendidos por el Tribunal Constitucional, el acusado ha respondido que no tuvo "conciencia" de que la Fiscalía o las autoridades judiciales "prohibieran a la ciudadanía participar".

Y además, ha insistido varias veces en que la ANC, Òmnium Cultural y otras organizaciones hicieron campaña "de forma muy activa" durante los 15 días previos al 1-O: "Lo hicimos de forma pública, pidiendo permiso para cada acto. Y en ningún caso, a pesar de la publicidad, de que alquilamos espacios, se nos prohibió ni se nos dijo que no podíamos llamar a participar. Hicimos una campaña pública, visible".

Sànchez se ha escudado en que la sentencia como tal del tribunal de garantías declarando inconstitucional el referéndum se emitió con posterioridad al 1-O, pero ante la insistencia del fiscal, ya que el fallo suspendiendo la convocatoria es de unas semanas antes, ha contestado que "si la ley estaba suspendida, un Estado de Derecho que confía en sus instituciones no tiene qué temer ante una movilización ciudadana así".

Lo que sí ha admitido es que sabía que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona Mercedes Armas había dado órdenes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no permitieran la celebración de la consulta.

Y entonces, a la pregunta de por qué hicieron llamadas a votar ese día, el acusado ha afirmado que "el derecho de manifestación, la libertad de expresión" para defender la autodeterminación "no es un acto ilegal". También ha dicho que no imaginó que se pudiera producir la violencia que luego se vivió el 1-O.

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