21 de febrero de 2019
21.02.2019
Juicio del 'procés'

Juicio del 'procés' | Jordi Sànchez niega la rebelión y defiende que fue una actitud legítima de protesta

El exlíder de la ANC se enfrenta a una petición fiscal de 17 años de prisión por el 1-O

21.02.2019 | 20:32
Juicio del ´procés´ | Jordi Sànchez niega la rebelión y defiende que fue una actitud legítima de protesta

El expresidente de la ANC Jordi Sànchez se ha defendido en un duro cara a cara con el fiscal de la acusación de rebelión negando la mayor ante cualquier sospecha de violencia el 20S frente a la Conselleria de Economía. Ni alzamiento puntual ni intentos de asalto, solo una actitud legítima de protesta.

Casi cinco horas ha durado el más duro de los interrogatorios que ha presenciado hasta ahora el Tribunal Supremo en el juicio del "procés". Lo ha protagonizado Sànchez, que se enfrenta a una petición fiscal de 17 años de cárcel por rebelión, frente al fiscal Javier Zaragoza, probablemente el más incisivo y severo de los cuatro.

Consciente de que el principal elemento de apoyo que sustenta la rebelión es la violencia, Sànchez -ahora líder de la CRIDA, plataforma impulsada por el entorno de Carles Puigdemont- se ha esforzado en negar cualquier atisbo de peligro de orden público ese 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía, donde miles de personas se concentraron mientras se producía un registro judicial del edificio.

Y lo ha hecho el mismo día en que Cataluña volvía a vivir una huelga general, en la que, pese al limitado seguimiento en el ámbito laboral, los CDR se han movilizado para cortar la autopista AP-7 y el transporte ferroviario, en una jornada que se ha saldado con tres detenidos y cargas policiales.


Jordi Sànchez: "Me considero un preso político". Agencia ATLAS

Considerado uno de los símbolos de la movilización independentista en los últimos años en Cataluña, Sànchez ha tachado de "falso" el "relato" de algunos informes y de algunos medios "de que hubo un intento permanente de asalto" aquel 20S, cuando se vivió una "movilización" que "sorprendió a todos", a él incluido.

Pero que fue pacífica, como han resaltado todos sus predecesores en el banquillo de los acusados, y que solo pretendía ejercer "de manera cívica" el "legítimo" derecho de protesta.

Ni hubo "lanzamiento de objetos" ni se impidió trabajar a la comisión judicial que registraba la Conselleria, y si la secretaria judicial tuvo que salir por un edificio adyacente -ha explicado- fue porque tenía la "percepción" de que el pasillo que la ANC habilitó no era seguro.

Lo que no quita para que Sànchez no haya condenado los daños que sufrieron varios vehículos de la Guardia Civil, al tiempo que ha negado que fuesen fruto de un "alzamiento puntual" y ha considerado poco razonable que "una acción concreta, criticable y denunciable" por parte de unos pocos, "sea la excusa para penalizar" la protesta.

Quien un día se postuló, ya en la cárcel, como candidato a presidir la Generalitat ha dejado claro que cuando llegó a la Conselleria ya había "una muralla humana", centenares de personas, medios de comunicación y representantes públicos concentrados y que fue después cuando la ANC decidió llamar a la movilización.

Considerado por la Fiscalía el responsable de facto junto a Jordi Cuixart del 20S, Sànchez ha negado "la mayor". Ha rechazado que asumiese "la seguridad de nada", sino que colaboró, a petición del mayor Josep Lluis Trapero (acusado de rebelión en la Audiencia Nacional) y del exconseller de Interior Joaquim Forn, en realizar un pasillo para que saliesen los detenidos, que ni siquiera se utilizó.

"Igual que asumí que un grupo de voluntarios se dispusiera alrededor de los vehículos cuando supieron que había armas", uno de los momentos que le generó "una tensión como pocas veces" ha vivido.

Tras más de un año en prisión, desde el 16 de octubre de 2017, Sànchez, que como hiciese Oriol Junqueras se ha presentado como un "preso político", ha confesado tener la "sensación" de que él y Cuixart están siendo castigados "por asumir esas responsabilidades en movimientos cívicos y haber ejercido el derecho de expresión".

Cívico como fue el 1-O, donde la gente ejerció una "resistencia no violenta" ante la actitud "desproporcionada" de la Policía, que no puede conllevar "ningún tipo de violencia por parte de la autoridad judicial".

"¿Dónde está el delito?", se ha preguntado Sànchez al recordar que ningún juez prohibió a la gente votar en un referéndum para el que la ANC repartió papeletas, pero no se encargó de las urnas, que ha negado saber dónde estaban. Es el décimo acusado que lo hace.

El largo interrogatorio de Sànchez no ha podido eclipsar las explicaciones que ha dado esta mañana el último conseller de Carles Puigdemont en declarar, quizá el más díscolo de todos, que dimitió un día antes de la DUI: el exconseller de Empresa Santi Vila.

Acusado de desobediencia y malversación, delitos por los que se enfrenta a 7 años de cárcel, Vila ha lamentado que se frustraran sus intentos de mediar con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para impedir la DUI y ha afeado a Puigdemont que no supiera "gestionar emocionalmente" la presión de las redes sociales, una vez había decidido convocar elecciones.

Tras suspender el TC la ley que lo regulaba, el 1-O "mutó claramente a una gran movilización política" que él ya nunca reconoció como referéndum, como tampoco le mereció valor la ley de transitoriedad política aprobada por el Parlament, un "disparate" que a su parecer no habría asumido "ni un alumno de primero de Derecho".

Vila se ha mostrado esperanzado en poder "regenerar a medio plazo" su relación "amical" con Puigdemont, al que ha atribuido la decisión de convocar el 1-O como "argucia" con la que hacer frente a la crisis de gobierno por las fricciones con la CUP y a la presión de ciudadanos y partidos hacia la "unilateralidad".

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