06 de julio de 2020
06.07.2020
La Opinión de Málaga
Juicio

Juicio Pazo de Meirás | Testigos confirman el uso de personal y fondos públicos para mantener el pazo durante la dictadura

Los testigos de la familia Franco defienden que la reconstrucción fue sufragada por los herederos

06.07.2020 | 14:35

La primera sesión del juicio por la titularidad del Pazo de Meirás ha arrancado con la declaración de varios testigos que han confirmado el uso de personal y medios públicos en el mantenimiento del pazo durante la dictadura y la presencia de un guardia civil a sueldo del Estado hasta 1990. Los testimonios fueron solicitados por la Abogacía del Estado o alguna de las cuatro administraciones personadas: Xunta, Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, que pretenden sustentar con estos testimonios su argumento de que el inmueble funcionó como residencia oficial durante toda la dictadura, que su mantenimiento se costeó con fondos públicos y que es por tanto un bien de domimio público.

La segunda ronda de testigos, solicitados por los Franco, ahondó en que el pazo quedó abandonado tras el incendio de 1978 y que fueron los herederos del dictador los que sufragaron su reconstrucción.Uno de ellos, suegro de una nienta de Franco, Fernando Quiroga y Piñeyro, aseveró que llegaron a pedirle ayuda económica al por entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, para sufragar las obras de rehabilitación y que este se negó a aportar fondos. A la salida del juzgado, el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera Molina, afirmó que estos testimonios permitieron demostrar que la Administración "abandonó por completo" la propiedad tras la muerte del dictador y que hasta el pasado año, nunca había puesto en duda que el pazo era propiedad de los herederos de Franco.

El primer testigo en declarar fue un guardia civil jubilado que afirmó que había prestado servicios entre 1982 y 1990 en el pazo realizando labores de vigilancia y arreglos varios, sobre todo del jardín. A consulta de las partes demandantes, este testigo afirmó que estaba a sueldo de la Guardia Civil, aunque recibía las órdenes del secretario de Carmen Polo, Esteban Medina: "Yo consultaba cualquier cosa con él". Según su testimonio, él era el único trabajador que permanecía en el pazo, que había ardido recientemente (en 1978): "Estaba destrozado, no estaba en condiciones para habitarlo", explicó este agente retirado, que afirmó que se encargaba él personalmente de abrir a Carmen Polo o a otros herederos de Franco cuando acudían de visita. A consulta de los abogados de los Franco, el testigo confirmó que previamentente había trabajado en la finca La Piniella (Oviedo), propiedad de los Franco y que había sido el secretario de Carmen Polo el que le ofreció el puesto de Meirás, en el que permaneció en hasta siete años después de que se suprimiese el destacamiento del pazo. A consulta de los letrados, recordó también que un año después de que se eliminase este destacamiento se registró un robo en el inmueble: "Se comentó hasta si habían drogado al perro, que era muy inteligente y no dio señales de alarma", contó.


Tras su declaración fue el turno de un vecino de Meirás, nieto de una mujer que, contó, fue "expulsada" de su casa para ampliar la finca del pazo y que relató que era frecuente la presencia de personal de Comandancia de Obras y del Ayuntamiento de A Coruña para realizar arreglos y adecentar los jardines. "Había periodos en los que trabajaban hasta treinta personas", relató y añadió: "Había cantidad de jardines, eran muchos y estaban muy bien cuidados. Yo creo que iban cinco o seis jardineros del Ayuntamiento de A Coruña desde los años cincuenta hasta la muerte de Franco". Contó también que cuerpos del Ejército colaboraron en las tareas de extinción del voraz incendio que se declaró en 1978 y que destruyó parte del inmueble: "Los camiones del Ejército no paraban de entrar y salir, no eran uno o dos... Eran muchos más". Este segundo testigo confirmó también la existencia de una explotación agropecuaria en el interior del pazo que gestionaban unos guardias hortelanos que,en determinadas épocas del año,contrataban como refuerzo a labradores y peones de Sada."Eran los guardias los que pagaban en monedas contantes y sonantes", relató este vecino de Meirás, que recueda que era una granja "muy bien acondicionada", con medios muy modernos para la época y unas "veinte vacas de gran calidad": "Nada que ver con los establos del entorno", destacó este testigo, que cree que era la Casa Civil la que asumía los costes, aunque admitió que no podía asegurarlo.

A continuación fue el turno de una vecina en Sada, residente en el municipio desde 1975, que confirmó la presencia de un guardia civil en el pazo años después de la muerte de Franco. Explicó que se trataba de un agente con el que mantenía una relación de amistad y al que ella y su marido visitaron en más de una ocasión en una pequeña casa ubicada intramuros en la que vivía: "Ahí no había nadie más", relató esta sadense.

El último testigo el declarar a petición de los demandantes fue un funcionario de A Coruña que confirmó que el Ayuntamiento de A Coruña enviaba jardineros y canteros para realizar labores de mantenimiento en la finca o el interior del pazo. Este funcionario del departamento de gestión de suelo y patrimonio desde 1988 corroboró también el desplazamiento de los Bomberos durante los años 60 para suministrar agua en julio y agosto sin que constase ningún pago por parte de los Franco. Explicó que, a petición de Alcaldía, había redactado un informe sobre los partes de salida de vehículos de bomberos al pazo de Meirás, especialmente en los meses de verano sin que constase un reembolso por este concepto. El abogado de los Franco inquirió al testigo sobre los motivos de estos traslados de agua y si podían deberse a los problemas de suministro que sufría el pazo en época estival precisamente "cuando había mucha gente y estaba el jefe del Estado", recalcó. "No sé para qué era el agua", se limitó a responder el testigo.

Tras las declaraciones de los testigos de la Abogacía del Estado y las otras administraciones personadas, fue el turno de los Franco. El primero en declarar en su calidad de "amigo de la familia" fue el alcalde de Sada entre 1979 y 2007, Ramón Rodríguez Ares (que gobernó bajo las siglas del PP y del PDSP). El exregidor, más conocido como Moncho, negó que su relación de amistad con los herederos del dictador pudiese restar credibilidad a su testimonio y relató que fueron los descendientes de Franco, al que se refirió como "el Caudillo", los que pagaron las obras de rehabilitación del pazo y la que asumía el pago del IBI. Dijo no recordar la presencia de guardias civiles tras la muerte del militar golpista y contó que, tras su fallecimiento, la Diputación intentó negociar la compra del pazo asistió a varias reuniones en Mariñán junto a Carmen Franco y el marqués de Villaverde para negociar un posible traspaso. "Llegaron a alcanzar un acuerdo, pero finalmente el pleno no lo aprobó y quedó en agua de borrajas", apuntó. Rodríguez Ares, que recordó también un intento del Ayuntamiento de A Coruña de "hacerse con el pazo": "Fue público y notorio", afirmó.

A consulta de los demandantes, Ares dijo no recordar si los Franco habían tramitado la licencia de obras: "Supongo que la pidieron, pero no me acuerdo bien". Tampoco si el depósito de agua suministraba a alguna propiedad más aparte del pazo de Meirás: "Daba servicio al pazo y no sé si a algunas viviendas de la zona", respondió. Sobre si llegó a ser apoderado de los herederos del dictador, replicó: "No, lo único fue cuando se interesaron por unas propiedades. Yo era amigo de ellos y si me pedían alguna gestión, la hacía si podía". El exalcalde afirmó no recordar la presencia de guardias civiles en el pazo tras la muerte de Franco: "Cuando visitaba el pazo no los veía". Tampoco la intervención del Ejército en el incendio de 1978. "No lo recuerdo". Al ser interrogado sobre cómo sabía que eran los Franco los que pagaban el IBI, respondió que el marqués de Villaverde le había dicho en una ocasión que tenía que desplazarse a Betanzos a realizar esa gestión. Rodríguez Ares afirmó que su amiga Carmen Franco no le había manifestado en ningún momento dudas sobre que fuese realmente la legítima propietaria del pazo. A consulta del Concello de Sada, el exalcalde confirmó que su partido fue el único que se opuso en 2019 a reclarmar la devolución del pazo: "Para recuerar algo tiene que haber sido antes de uno y eso siempre fue una propiedad privada", recalcó.

El último el declarar fue Fernando Quiroga y Piñeyro, suegro de Arancha Martínez-Bordiu (una de las nietas de Franco denunciadas en este proceso). Este testigo, que se presentó como amigo de Carmen Franco y el marqués de Villaverde, dijo haber jugado un importante papel en la rehabilitación del pazo de Meirás tras el incendio de 1978. Relató que le había insistido en varias ocasiones a la hija del dictador sobre la importancia de reconstruir este inmueble "por el bien de la historia de España". Para hacerlo, según este amigo de la familia Franco, llegaron a pedir colaboración económica en la década de los noventa al por entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga: "Me dijo que no era posible". Quiroga y Piñeyro aseguró que las obras fueron financiadas finalmente por la familia sin ayudas de ningún tipo y que los trabajos ascendieron a cerca de cien millones de las antiguas pesetas. "El pazo a Carmen le costó mucho dinero", recalcó este testigo, que subrayó el "esfuerzo económico" que hizo la familia "para pasar un mes al año allí". Quiroga y Piñeyro restó también importancia a las labores de mantenimiento realizadas por el Estado durante la dictadura: "Un mes antes de que fuesen iba el Ejército y pintaba, pero muy superficial, no se aprovecharon de la Jefatura del Estado para hacer un palacio, estaba igual que cuando lo tenía la Pardo Bazán", apuntó.

A consulta de la parte demandante, este testigo relató recordar únicamente la presencia de un guardia jubilado en el pazo en los años inmeditamente posteriores al incendio de 1978. "No recuerdo más gente, pero yo no me metía en eso", respondió y relató que después y hasta 2003 hubo otro guardia civil retirado al que "pagaba Carmen" y que tras su repentino fallecimiento fue sustituido por "un boliviano": "Muy buena persona, muy trabajador, aunque en algunas ocasiones está muerto de miedo porque invadieron el pazo algunas ocasiones", bromeó. Preguntado sobre si era conocedor de los movimientos que arrancaron hace ya décadas para reclamar la devolución del inmueble, se encogió de hombros: "Ni idea, yo en política no me meto para nada".

El tercer testigo solicitado por los Franco, el secretario de Carmen Polo, Esteban Medina Mancebo. La defensa de los herederos del dictador renunció a este testimonio por su avanzada edad y los riesgos que suponía su desplazamiento en la actual alerta sanitaria, según explicó Felipe Utrera Molina a la salida del juzgado.

La primera jornada del juicio arrancó a las 09.30h y finalizó al mediodía. Estuvo precedido de una protesta convocada por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) para exigir la devolución del Pazo de Meirás. Fascismo nunca máis, fin da impunidade xa!, podía leerse en las pancartas. Fueron muchos los políticos los que se desplazaron hasta el juzgado para hacer sumarse a esta reivindicación, como Antón Gómez-Reino, candidato de Galicia en Común; Ana Pontón, líder del BNG o el alcalde de Sada, Benito Portela (Sadamaioría), que asistió entre el público a esta primera jornada del juicio. Tampoco quiso perderse las comparecencias la subdelegada del Gobierno en Galicia, Pilar López-Rioboo.

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