27 de octubre de 2020
27.10.2020
La Opinión de Málaga
Crisis del coronavirus

Sánchez quiere quitar trascendencia a la alarma y deja el debate en manos de Illa

El Gobierno subraya que ahora los que deben dar explicaciones son los presidentes autonómicos

27.10.2020 | 14:13
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Gobierno informó este martes de que Pedro Sánchez no será el encargado de defender el nuevo decreto de estado de alarma en el debate del jueves en el Congreso. El jefe del Ejecutivo dejará esa responsabilidad en manos del ministro de Sanidad, Salvador Illa, su manera de restar trascendencia a una medida excepcional que, esta vez, a diferencia de cuando se aprobó en primavera, da todo el poder a las autonomías para que tomen la iniciativa y frenen los contagios de coronavirus.

Tanto la Moncloa como los portavoces del PSOE y Podemos se empeñaron en defender ese gesto apoyándose en que la nueva alarma, que proponen que llegue hasta el 9 de mayo de 2021, solo es un paraguas jurídico para que el gobierno de cada comunidad impulse las decisiones que considere oportunas. "Entendemos que quienes firman las restricciones amparados en el estado de alarma deberían dar explicaciones de por qué adoptan estas medidas y no otras", afirmó la portavoz del Ejecutivo central, María Jesús Montero, señalando a que la responsabilidad no es de Sánchez sino de los presidentes de las autonomías. Según fuentes parlamentarias, Sánchez tiene pensado incluso acudir a las nueve de la mañana a la Cámara baja para escuchar a Illa en persona y escenificar así esta nueva fase.

No obstante, la mayoría del arco parlamentario rechaza que no vaya a dar la cara desde la tribuna. De hecho, muchos de sus socios de investidura (ERC, PNV, Más País, Junts, Compromís y Bildu) habían anunciado pocos minutos antes de que saltara esa noticia que van a exigir el jueves en el debate que sea el presidente del Gobierno el que rinda cuentas ante el Congreso cada mes mientras dure la alarma. Sánchez concretó el fin de semana que esa tarea hasta mayo también la asumiría Illa cada 15 días.

"Es totalmente inaceptable y una falta de consideración a los parlamentarios", se quejó Joan Baldoví (Compromís). "Es una falta de respeto total", apuntaron desde Junts. También lo censuró Íñigo Errejón (Más País), que invitó a Sánchez a "corregir" su decisión. De igual manera, tanto Vox como el PP cargaron contra la decisión del jefe del Ejecutivo. "No podemos entender que nuevamente el presidente del Gobierno utilice como escudo humano al ministro de Sanidad cuando se habla de suspender libertades públicas de 47 millones de españoles durante un periodo de más de seis meses", argumentó Cuca Gamarra, la portavoz del PP.

La duración de este nuevo decreto de alarma también ha despertado malestar entre los socios de izquierdas del Gobierno de coalición. ERC, Compromís, Junts y Bildu están negociando con el PSOE para convencerle de que no se llegue a los seis meses. El republicano Gabriel Rufián está presionando para rebajar a como mínimo la mitad ese periodo. La formación independentista ve bien el instrumento para dar protección jurídica a los gobiernos con el objetivo de parar los contagios, pero considera "peligroso" que sea tan amplia.

Según Baldoví (Compromís), aprobarlo da "seguridad", pero extenderlo durante medio año puede conducir a la "desesperanza". Por eso apuesta por buscar un punto intermedio, teniendo siempre en cuenta que hay que tomar decisiones siguiendo criterios científicos y que hacer una "guerra" de esta cuestión sería "indecente".

En la misma línea, Mertxe Aizpurua (Bildu) y Laura Borràs (como portavoz de los cuatro diputados de Junts, porque los del PDECat votarán 'sí') también han solicitado al Ejecutivo que acorte los seis meses.

Dentro del sector del centroderecha la oposición es clara. El PP ha pedido al Gobierno ocho semanas de prórroga, Cs tampoco apoya una duración hasta la primavera y Vox ha confirmado directamente que votará en contra.

En todo caso, en el PSOE y Podemos siguen siendo optimistas con los apoyos y creen que entre 'síes' (cuentan con 166 entre los suyos, PNV, los cuatro del PDeCat y el de Nueva Canarias) y abstenciones (tienen casi asegurada la de ERC, porque la Generalitat solicitó la alarma la semana pasada), sacarán adelante el decreto incluso de seis meses.

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