28 de octubre de 2020
28.10.2020
La Opinión de Málaga
Cataluña

La Guardia Civil detiene al 'estado mayor' de Puigdemont

Ordenan el arresto de Vendrell, Soler, Madí y Alay por la financiación de la estructura del 'expresident'

28.10.2020 | 09:00
Xavier Vendrell, Oriol Soler y David Madí.

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre y la Guardia Civil han puesto en marcha a primera hora de este miércoles un operativo, con 31 entradas y registros y varias detenciones, en el entorno del 'expresident' de la Generalitat, Carles Puigdemont, según ha podido saber 'El Periódico'. El epicentro de la investigación es la financiación del 'procés' y de la estructura con la que cuenta el exjefe del Ejecutivo catalán en Waterloo (Bélgica), así como la toma de decisiones en la organización interna del Tsunami Democràtic, y también posibles casos de corrupción. A primera de la mañana de este miércoles han sido detenidos el 'exconseller' Xavier Vendrell, el empresario Oriol Soler y el exalto cargo de Convergència David Madí, muy ligado al 'expresident'. Todos ellos están relacionados con Junts y ERC.

Quim Torra, expresidente de la Generalitat, ha anunciado en su cuenta de Twitter que se había producido también el arresto de Josep Lluís Alay, el historiador al que en junio del 2018 nombró coordinador de Políticas Internacionales de Presidencia del Gobierno, cargo que desempeñó hasta el 15 de julio del 2018. Ese mismo día fue nombrado responsable de la oficina de 'expresident' de Puigdemont.

La causa está abierta por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de dinero y también desordenes públicos. Las pesquisas que han provocado el operativo policial se iniciaron hace unos meses como una pieza separada y secreta de las diligencias que se instruyen en el mismo juzgado por el presunto desvío de fondos procedentes de subvenciones públicas, entre ellas algunas otorgadas por la Diputación de Barcelona, a entidades de la órbita soberanista y de la extinta CDC. Según la guardia civil, la operación es la tercera fase de explotación de la 'operación VOLHOV'.

Los agentes se han trasladado a los domicilios de los implicados para proceder a los arrestos. Uno de los registros se está efectuado en una empresa de organización de eventos de Igualada que ha montado actos para la Diputación de Barcelona, la Generalitat y también para Junts per Catalunya. La Guardia Civil ha intervenido en domicilios particulares y despachos de empresas en ocho partidos judiciales de Catalunya. Los agentes entraron a las 8 de la mañana en el domicilio particular del empresario Oriol Soler, que vive en Igualdada. Soler es pareja de Marina Llansana, vicepresidenta de Òmnium y exdiputada y exportavoz de ERC. A la misma hora se produjeron el resto de detenciones.

Entre los investigados, además de Vendrell, Madí, Soler y Alay, se encuentran Xavier Vinyals (excónsul honorario de Letonia y presidente de la Plataforma Proseleccions Catalanes), Antoni Fusté y Roc Aguilera Vaqueus (de la empresa Evens de organización de eventos), Pilar Contreras Llanas (de ERC y que ocupa un alto cargo en la Conselleria d'Ensenyament), Marta Molina Álvarez, el alcalde del ayuntamiento de Cabrera de Mar (por las presuntas irregularidades en la recalificación de unos terrenos) y Jordi Serra, que ha ocupado el cargo de interventor general de la Generalitat. Los agentes detuvieron además al empresario y activista de Girona Josep Campmajó. La sede de la firma de eventos está ubicada en una nave industrial de Igualada y ya fue inspeccionada por la Guardia Civil en septiembre del 2017, cuando se buscaba material electoral del referéndum unilateral del 1-O.

El sanedrín del 'expresident'

Entre los detenidos se hallan varios miembros del 'sanedrín' que asesoró a Puigdemont antes del referéndum del 1-O y la declaración de independencia fallida del 2017, como Vendrell, Soler y Madí. El primero desarrolló una carrera política de más de 20 años en ERC, y fue por unos días 'conseller' de Governació en el 2006. Se le considera uno de los componentes del núcleo más cercano a Puigdemont, según los investigadores que llevan meses tras su pista, que también sospechan que está estrechamente vinculado al Tsunami Democràtic y a algunas de sus acciones, como los altercados en los alrededores el Camp Nou en diciembre del 2019.

La Guardia civil también está investigando si se pagaron 300.000 euros presuntamente desviados de fondos públicos por la participación del expresident Carles Puigdemont en el foro Crans Montana de debate internacional, concretamente en sus ediciones del 2017, el 2018 y el 2019 (estas dos últimas cuando ya estaba fugado). La sospecha sobre este desembolso nace de la documentación incautada en mayo del 2018 en un registro en el despacho de Víctor Terradellas, presidente de la entidad soberanistaa CatMón, exdirigente de la exinta Convergència (CDC) y persona muy cercana al 'expresident'. Las fuentes consultadas vinculan este asunto con la detención de Alay. Otra rama de las pesquisas es el desvío de subvenciones destinadas al deporte para sufragar gastos del 'procés'.

Oriol Soler fue el director de la campaña 'Ara és l'hora' en la consulta del 9 de noviembre del 2014, impulsada por las asociaciones Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. También fue codirector de la campaña de Junts pel Sí en la campaña de las elecciones autonómicas catalanas del 27 de septiembre de 2015. David Madí, por su parte, fue dirigente de Convergència y su carrera estuvo muy vinculada al 'expresident' de la Generalitat, Artur Mar. Fue secretario de comunicación y estrategia del Govern.

Una macrocausa

En total hay unas 50 personas imputadas en la causa principal. Uno de los principales implicados es Víctor Terradellas, exdirigente de CDC y vinculado a la asociación CatMon , que antes de la declaración unilateral de independencia (DUI) envió un mensaje a Puigdemont en el que le informaba de la llegada a Barcelona de un emisario del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Terradellas se reunió en ese país con un exdiputado oficialista ruso, al que le ofreció apoyar la anexión de Crimea a cambio del reconocimiento de una Cataluña independiente.

En un auto de finales del 2019, el juez sostenía que los fondos públicos percibidos por la entidad soberanista CatMón a través de subvenciones irregulares podrían haber sido destinados a la realización de "viajes y entrevistas" referentes a la independencia de Cataluña. Las ayudas que investiga, "por tanto", serían ajenas al ámbito propio de la fundación y "a la finalidad para la cual se destinaron" las subvenciones concedidas. A partir de ahí, la Guardia Civil, con conocimiento del juez, amplió las pesquisas para aclarar si en algún momento se destinaron fondos públicos para financiar actos del exmandatario catalán en Bélgica.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook