06 de noviembre de 2020
06.11.2020
La Opinión de Málaga
Análisis

'Justos por pecadores'

El Gobierno mete a medios de comunicación y redes sociales en el mismo saco para controlar las 'fake news'. CNI y transparencia informativa en la misma orden ministerial

06.11.2020 | 13:32
Jorge Fauró.

A veces se nos atribuye a los periodistas el hábito malsano de mirarnos excesivamente el ombligo. Antes de convertirme en pasto de los 'haters', admito que no seré yo quien refute esa aseveración. Por tirar de símil religioso, de todo hay en la viña del Señor y a veces pagan justos por pecadores. Decía lo del ombligo porque en muchas ocasiones olvidamos que las arterias informativas de un país laten más a menudo en la prensa local que en la nacional, gremio al que las más de las veces (algunas bien argumentadas) se le atribuye erróneamente el pecado venial de una excesiva autoestima. Pero la vida, créanme, es eso que transcurre entre las páginas de la prensa local. La vida de verdad, la que sufre o se beneficia directamente de aquello que cuentan los grandes periódicos de ámbito estatal.

Leo en La Opinión de Zamora, diario de Prensa Ibérica, el grupo editorial al que pertenece el periódico en que probablemente esté usted leyendo este artículo, que en una comarca de la vieja Castilla andan escasos de curas. Un solo párroco, dice la información, deberá ocuparse de atender las cuitas del alma de 30 pueblos de una misma comarca. Hasta el arcipreste se ha visto obligado a remangarse la casulla para atender a los fieles de dos municipios. Ayuso proclamando a la cara del Gobierno que en este país faltan médicos cuando en realidad lo que reivindica la Iglesia es que haya más curas. Las necesidades del cuerpo y las del espíritu no siempre van de la mano. Por lo visto, para combatir al covid, no están de más unos avemarías. Aunque alguno esté alumbrando la tentación de denostar el rezo, me quedo con la oración antes que con la homeopatía. La oración, por más que yo no comulgue, continúa siendo el refugio espiritual de personas que se han visto traicionadas por el desgobierno y la inacción de la clase política.

Oremos, pues. El Gobierno ha dictado una orden ministerial 'anti fake news' para -sostiene-, proteger a la ciudadanía de la difusión de bulos. De nuevo, pagan justos por pecadores. Convendrán conmigo en que rara es la ocasión en que un medio periodístico difunde a conciencia una falsedad a cinco columnas. Puede haber sesgo, interpretación interesada, periodismo de partido, pero en la conciencia de los periodistas no está animar al personal a que deambule por ahí sin mascarilla ni se jalea a la población para que se vaya de cañas en pleno toque de queda. La orden ministerial nace del hecho falso de que las redes sociales son medios de comunicación. Y no lo son. Son redes sociales, lo mismo que un curandero no es un médico, lo mismo que un bloguero no es un periodista, lo mismo que un charlatán de feria no es un sacerdote de la vieja Castilla. A cada uno lo que es, y si ya es contraproducente que metan en el mismo saco a medios de comunicación y a redes sociales, la perplejidad es doble cuando uno lee la letra pequeña de la orden ministerial para constatar que las tareas de vigilancia de las 'fake news' han sido encomendadas, entre otros, al Departamento de Seguridad Nacional, a los ministerios de Exteriores, Defensa e Interior y al mismísimo Centro Nacional de Inteligencia. Transparencia informativa y CNI en la misma resolución (removido, no agitado, que dijo el espía) es como para que se ponga a aletear la mosca detrás de la oreja. Redactar ese texto legal y alegrarse por la derrota de Donald Trump, todo en el mismo día, constituye un oxímoron en toda regla. Una cosa y a continuación la contraria. What the fuck?

¿Y qué hacemos cuando el bulo parte de las instituciones? Les decía al principio que la vida es aquello que fluye entre las páginas del periodismo local. En otro diario de este grupo, INFORMACIÓN, descubro que uno de los bulos que ha corrido estos días por aplicaciones de mensajería y redes sociales, desinformaba a la población de la provincia de Alicante dando por hecho el cierre inmediato de la hostelería a causa del coronavirus. El bulo nació de una asociación de empresarios del gremio, previa conversación con una concejala del Ayuntamiento de Alicante que había asegurado la veracidad del hecho, censurando, de paso, la gestión de una administración superior y de color político diferente al de la edil. Ya está tardando el CNI en pedir explicaciones a unos y a otros, porque de lo que no se da cuenta el Gobierno (o seguramente, sí) es de que la función de los medios de comunicación tradicionales también consiste en evitar que las noticias falsas lleguen a la ciudadanía. Hoy día, un periodista puede llegar a perder tanto tiempo en verificar la falsedad de una noticia como en contrastar una exclusiva, lo que, ahora que lo pienso, ahorra muchos disgustos a los poderes públicos. Si esa orden ministerial prospera a efectos prácticos, a esta sociedad cada vez más orwelliana ya no le va a quedar nadie a quien encomendarse. Ni siquiera a los curas, que como se ve, andan tan escasos como los médicos por esta España nuestra. O como el sentido común de nuestros gobernantes.

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