09 de noviembre de 2020
09.11.2020
La Opinión de Málaga
Tribunales

La jueza prohíbe el traslado de bienes de Meirás hasta hacer un inventario completo

La magistrada estima la petición de medidas cautelares de la Abogacía del Estado

09.11.2020 | 16:42
El Pazo de Meirás.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado la petición de medidas cautelares solicitada por la Abogacía del Estado y ha dictado un auto en el que ordena la realización de un inventario que abarque la totalidad de los bienes existentes, tanto en el interior como en el exterior de As Torres de Meirás. La magistrada Marta Canales advierte a los herederos del dictador Francisco Franco que no podrán trasladar ningún bien de esta propiedad - declarada provisionalmente patrimonio del Estado- hasta que se realice este catálogo y sin que ella lo autorice expresamente.

En su auto, la magistrada establece que los trabajos de elaboración de este inventario comenzarán este miércoles 11 de noviembre, a las 10.30 horas con la colaboración de los técnicos de la Consellería de Cultura y bajo la supervisión de una comitiva judicial. El juzgado ha librado un oficio a la Guardia Civil para que establezca un dispositivo de vigilancia en el pazo de Meirás y advierte a los Franco que deberán facilitar el acceso de la comisión judicial al recinto.

La jueza ha dictado el auto solo unas horas después de que la Abogacía del Estado solicitase medidas cautelares para evitar el vaciado de la que fue residencia estival de Franco durante toda la dictadura, petición a la que se adhirió de inmediato la Xunta. En su escrito, la Abogacía del Estado hace referencia a una información publicada el pasado sábado en La Razón según la cual los Franco habrían contratado los servicios de una empresa de mudanzas para "vaciar" el pazo de Meirás, labor para la que precisarían de "entre treinta o cincuenta camiones" . "En la noticia publicada [...] se deduce que incluso se pretende proceder a la retirada de piezas o elementos que estarían unidos de manera fija y permanente a las fincas, edificio o construcciones anexas", incide la Abogacía del Estado en su escrito, en el que sostiene en que el pazo de Meirás es un Bien de Interés Cultural y que su protección se extiende "a todos sus elementos y componentes".

En su escrito, los servicios jurídicos del Estado apuntaban además a la existencia de otros bienes "que tienen o pueden tener idéntica protección", en alusión, entre otros, a las esculturas del Mestre Mateo. Por estos motivos, ven más que fundada la petición de medidas cautelares que impidan a los Franco retirar bienes hasta elaborar este inventario. Se trataría del único modo, remarcan, de velar porque se "preserve la integridad" del pazo de Meirás y asegurar que "no se vulneren las medidas o el nivel de protección que recae sobre el mismo".

La Xunta se sumó a la petición y presentó otro escrito en el que alega que la entrega del Bien de Interés Cultural debe "ser completa" e incluir "todo lo que se encuentre dentro del mismo", por lo que ve preciso medidas "para impedir cualquier actuación que suponga un riesgo para la conservación y el mantenimiento del bien en su integridad". En su escrito, la Consellería de Cultura se ofrece a colaborar en la realización de un "inventario detallado de todo lo que allí se encuentre".

La jueza ha atendido de forma inmediata la petición de la Abogacía del Estado. En su auto, la magistrada argumenta que los bienes catalogados como BIC disponen de protección integral y que este nivel de protección arquitectónica limita notablemente las intervenciones permitidas y "obliga a la conservación íntegra de los bienes y de todos sus elementos y componentes en un estado lo más próximo posible al original desde la perspectiva de todos los valores culturales que conforman el interés del bien, respetando su evolución, transformaciones y contribuciones a lo largo del tiempo".

La magistrada entiende que, a la vista de la información publicada por La Razón, "se impone la realización de un inventario con el fin de preservar la integridad de este bien inmueble" y "de todos aquellos bienes que merezcan tal protección" y evitar que el pazo "sea vaciado sin ningún tipo de constancia de los bienes que se encuentran en su interior". "La urgencia es patente, concurre la apariencia de buen derecho exigible y este juzgado ha de velar por la integridad del bien y la efectividad práctica de la sentencia", argumenta la magistrada, que apunta que la resolución comporta además una "garantía a los demandantes" en caso de que el fallo sea revocado.

El auto frena el traslado de bienes muebles del pazo de Meirás hasta que se realice un inventario completo, pero no cierra las puertas a la mudanza de elementos siempre y cuando cuente con la preceptiva autorización judicial. Desde el juzgado ya precisaban la pasada semana que la sentencia que obliga a los Franco a devolver el pazo no incluye los bienes muebles, que no fueron objeto de la demanda, por lo que su futuro sigue en el aire.

Aunque desde la Delegación del Gobierno en Galicia afirmaban este lunes que el auto de la jueza "dictamina que no es posible trasladar o retirar ningún tipo de bien de la finca", expertos juristas consultados por este diario se muestran cautos y apelan a las dificultades de prohibir un cambio de ubicación de mobiliario y obras artísticas que no fueron objeto del litigio. "La demanda se limitó a las fincas y edificaciones, nada más", apuntaba este lunes el catedrático de Derecho Civil e integrante de la comisión de expertos nombrada por la Xunta para recuperar el pazo, José Manuel Busto Lago.

La supuesta mudanza que proyectaban los Franco ha dejado ahora en evidencia las lagunas y las zonas en sombra de un BIC del que todavía se desconoce en profundidad su contenido, el valor de las innumerables piezas acumuladas durante toda la dictadura por Franco y su esposa, Carmen Polo, y que incluyen obras de arte, tapices, piezas arqueológicas o etnográficas, antigüedades, esculturas..., hasta un pazo, el de Dodro, que fue desmontado pieza para adornar el jardín o esculturas semiocultas en los senderos de las que apenas se conocen detalles.

La resolución de la Xunta de 2008 por el que se declara Bien de Interés Cultural el pazo de Meirás en la categoría de sitio histórico apenas aporta información sobre los bienes muebles y carece de un anexo con el inventario. El dictamen se limita a hacer constancia de la existencia de "muebles de época, cuadros, tapices, armas y pergaminos", de "anaqueles llenos de libros y documentos cuyo valor se desconoce" y del "interesante retablo de madera" de la capilla. Políticos que participaron en el proceso atribuyen la falta de detalles a las trabas que pusieron los Franco en aquel momento, que llegaron a recurrir en los juzgados, y al escaso tiempo del que dispusieron los técnicos para la inspección: solo cuatro horas.

A lo largo de todos estos años, pese a la catalogación de BIC, no consta que la Xunta haya realizado ninguna inspección para completar el inventario, ni tampoco que supervisase qué bienes entraban o salían del pazo durante estos años (este diario preguntó por este extremo a la Consellería de Cultura sin obtener respuesta). El Concello de Sada alertaba este lunes de los riesgos de esta falta de detalle y apremiaba a la Consellería de Cultura a incoar de inmediato un expediente para modificar el decreto por el que se declaró BIC el pazo de Meirás en 2008 para incorporar la relación de bienes muebles asociados a la categoría de sitio histórico, "como la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, el retablo, los pergaminos, tapices,... que se mencionan en la resolución", apunta el alcalde, Benito Portela.

En una línea similar, el responsable de Cultura de la Diputación, Xurxo Couto, demandó a la Xunta medidas inmediatas para custodiar bienes como las esculturas de Mestre Mateo, las pilas bautismales románicas de la iglesia de Moraime o la biblioteca de Pardo Bazán. El nacionalista argumenta que hay pruebas del "expolio" de las pilas o de las esculturas y aguarda que el inventario permita recuperar más bienes que forman parte "del botín del dictador".

En el BNG fueron los primeros en reclamar medidas cautelares para garantizar la "inmovilización de los bienes que forman parte del patrimonio público y que son fruto del expolio franquista" tras trascender la posible mudanza. Historiadores consultados por este diario como Manuel Pérez Lorenzo, coautor de Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, o Emilio Grandío, integrante de la comisión de expertos, apuntaron desde el primer momento a la necesidad de no permitir ningún traslado de bienes hasta disponer de un inventario que permitiese distinguir entre el patrimonio de los Franco del que fue adquirido con fondos del Estado durante la dictadura o del que ya formaba parte de As Torres en tiempos de Emilia Pardo Bazán.

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