18 de noviembre de 2020
18.11.2020
La Opinión de Málaga
Investigación

Los investigados piden anular el caso Volhov por basarse en escuchas ilegales

Madí y Vinyals ya han presentado escritos para solicitar la nulidad de esta causa

18.11.2020 | 12:59
Una imagen de Carles Puigdemont.

Los principales investigados por el caso Volhov de presunto desvío de fondos públicos al expresidente catalán Carles Puigdemont han pedido a la Audiencia de Barcelona que declare la nulidad de las intervenciones telefónicas que sustentan la investigación, al entender que se basan en meras "conjeturas".

Según fuentes jurídicas, el empresario y excargo de CDC David Madí y el presidente de la plataforma pro selecciones deportivas catalanas, Xavier Vinyals, ya han presentado escritos para solicitar la nulidad de la causa, una ofensiva judicial a la que estudian sumarse otros investigados.

En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, la abogada de Madí, Olga Tubau, pide a la Audiencia que declare la nulidad de pleno derecho de la primera intervención telefónica, acordada en agosto de 2019, y de todas las prórrogas posteriores, al concluir que las escuchas se acordaron prescindiendo de "normas esenciales", lo que ha provocado indefensión a su cliente y ha vulnerado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

La abogada solicita además la nulidad del auto de entrada y registro del pasado 29 de octubre en el despacho de David Madí, con lo que, de prosperar, el recurso dejaría la investigación vacía de todo contenido.

Madí, que fue miembro del "estado mayor" que organizó el 1-O, fue detenido el pasado 28 de octubre junto a una veintena de personas más en una operación ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el presunto desvío de fondos públicos al expresident Carles Puigdemont, varias operaciones de tráfico de influencias y posibles tanteos del independentismo en Rusia en busca de apoyo al "procés".

La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil, se enmarca en una pieza separada que el magistrado abrió a raíz de unas conversaciones grabadas que se intervinieron en el teléfono del exdirigente de CDC Víctor Terradellas, principal imputado en una causa abierta hace más de cuatro años por un presunto desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona a entidades afines a la extinta formación.

Según razona Tubau en su escrito, la Guardia Civil pidió al juez la intervención de los teléfonos de Madí, Vinyals y el también empresario y exconseller de ERC Xavier Vendrell a raíz de los archivos intervenidos a Terradellas, de los que deducía que los investigados intentaban desviar fondos públicos y convertirlos en criptomonedas.

Sin embargo, sostiene la abogada, "no se dispone de ningún elemento probatorio que respalde" esa hipótesis puesto que lo único que plantea es la eventualidad de que la Generalitat acepte pagos en criptomonedas, sin "una sola alusión" a su posible instrumentación para desviar dinero público.

Para Olga Tubau se trata de una hipótesis policial "sin fundamento objetivo de clase alguna", en la que la Guardia Civil no ha aportado "ningún elemento indiciario" que apoye sus sospechas.

"Esa forma de proceder es la propia de una investigación prospectiva prohibida constitucionalmente", sostiene la letrada, que recuerda que la propia Fiscalía se opuso a la primera de las intervenciones, lo que es relevante proviniendo de un órgano cuya misión es velar por el "principio de legalidad y sujeción a la Constitución y el ordenamiento jurídico".

El escrito mantiene que las escuchas han supuesto una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y denuncia que recurrir a las intervenciones telefónicas como "medio de investigación desde que se constante cualquier sospecha" puede suponer una "banalización de la restricción de los derechos fundamentales.

El auto, añade la abogada, no aporta ningún elemento que permita inferir que Madí tenía disponibilidad sobre fondos públicos, ni de manera directa ni indirecta: "Tener y mantener relaciones con personas que han ejercido funciones políticas públicas, reunirse con ellas, compartir con ellas proyectos, ideas, críticas no comporta por sí solo la existencia de una influencia efectiva", añade.

La abogada defiende también que, para llevar a cabo la investigación del caso Volhov, se podría haber acudido a técnicas menos gravosas para los derechos fundamentales, como seguir el recorrido de las subvenciones investigadas, lo que, advierte, se desconoce si se ha llevado a cabo en cuatro años de instrucción.

Paralelamente, la defensa del empresario Oriol Soler, que también fue detenido en la operación, ha pedido a la Audiencia de Barcelona que aparte del caso al juez instructor, al considerar que se ha arrogado la competencia para dirigirlo por cuestiones políticas, pese a que no le correspondía.

Otras defensas sopesan sumarse a la iniciativa de Soler, representado por el abogado Benet Salellas, quien argumenta que se ha vulnerado el derecho de su cliente al "juez natural y al juez imparcial" y se ha incumplido la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que "cada delito dará lugar a la formación de una única causa".

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