03 de diciembre de 2020
03.12.2020
La Opinión de Málaga
Denuncia

La Comisión Europea investiga el "abuso" de contratos temporales a enfermeras

Una asociación vinculada al servicio Gallego de Salud presentó la denuncia en 2019

03.12.2020 | 15:44
Dos enfermeras en el hospital de Valencia.

La Comisión Europea ha iniciado una investigación a España a raíz de una denuncia presentada por el BNG, y vinculada al Servicio Gallego de Salud (Sergas), por el "abuso" de contratos eventuales al personal de enfermería.

Esta investigación, que formalmente se inició en octubre, tiene su origen en diciembre de 2019, cuando se presentó el primer escrito ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara. Posteriormente, en abril, se aceptó la denuncia por parte de este órgano, tras acudir una delegación de la plataforma 'Enfermeras en Lucha', un colectivo que acudió de la mano del BNG y de su portavoz en Europa, Ana Miranda, que ha dado a conocer este procedimiento en rueda de prensa este jueves.

"Que la Comisión de Peticiones reconozca la existencia de abusos en la contratación pública que realiza el Sergas, tal y como denunciaron las 'Enfermeras en Lucha', supone un tirón de orejas al modelo de gestión de Feijóo, al incumplir la normativa comunitaria", ha apuntado Ana Miranda.

En diciembre de 2019, el colectivo de afectadas entregaron a la vicepresidencia de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada letona Tatjana Zdanoka, diversa documentación sobre la "precariedad laboral" existente en la profesión de enfermería, que es "consecuencia de las prácticas abusivas y la contratación en fraude de ley" que lleva realizando el Gobierno gallego "durante años, con casos escandalosos de sucesivos contratos de duración determinada para cubrir servicios permanentes".

"La existencia de esta práctica abusiva en la contratación" ha sido reconocida, además de por la Comisión de Peticiones, por parte de la Comisión de Empleo, que de hecho fue consultada a raíz de la denuncia gallega y que también ha constatado que el "uso de la contratación temporal para cubrir necesidades permanentes" supone "un abuso y vulnera la normativa comunitaria", como se puede extraer de los documentos remitidos a Miranda como representante de la denuncia.

La portavoz del BNG subraya que es una "respuesta contundente" de la presidenta de la Comisión de Empleo, Duri Nicholsonová, a la presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat.

Resolución judicial

El documento señala que este uso de los contratos temporales "incumple" la cláusula 5 del acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada del anexo de la directiva 1999/70, así como la resolución del Parlamento Europeo sobre la precariedad laboral aprobada en mayo de 2018, que son "los "incumplimientos" que la Comisión Europea está investigando ahora.

Al hilo de ello, el BNG ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció, en marzo de este 2020, que la cláusula 5 "se opone a una normativa y a una jurisprudencia nacionales en virtud de las cuales la renovación sucesiva de relaciones del servicio de duración determinada se considera justificada por razones objetivas".

En el escrito, la presidenta de la Comisión de Empleo señala que los profesionales de enfermería "están sufriendo, además de condiciones laborales abusivas, altos niveles de riesgo para su propia salud y un cansancio excesivo" en este contexto de lucha contra la covid-19, por lo que considera urgente el tratamiento de su situación.

"Esta comunicación de la presidenta de la Comisión de Empleo y la respuesta de la Comisión Europea a la Comisión de Peticiones demuestra que nuestras denuncias sobre precariedad existente en el sistema sanitario gallego tienen un fundamento sólido", ha remarcado Ana Miranda, quien ha explicado que la denuncia, aunque la investigación se le haga al Estado español, "va contra la precariedad que promueve el presidente de la Xunta en el Sergas con los contratos eventuales, que no dan respuesta a las necesidades de la sanidad pública gallega".

La representante nacionalista ha indicado que Galicia necesita 8.000 profesionales, "especialmente teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y la reducción de servicios" en determinadas zonas.

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