22 de diciembre de 2020
22.12.2020
La Opinión de Málaga
Consejo de Ministros

El inquilino deberá solicitar al juez el aplazamiento del desahucio

El Gobierno aprueba el decreto que evitará los lanzamientos y el corte de suministros a personas vulnerables

22.12.2020 | 07:23
El Consejo de Ministros aprueba el decreto antidesahucios.
El inquilino deberá solicitar al juez el aplazamiento del desahucio

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes el decreto de prohibición de los desahucios sin solución habitacional (que incluye la prohibición de los cortes de suministros). El inquilino tendrá que presentar un solicitud de aplazamiento al juzgado y este pedir a los servicios sociales que evalué si se trata de una persona en situación de vulnerabilidad. El objetivo es frenar los lanzamientos de familias vulnerables mientras "no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna", ha explicado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Actualmente está en vigor la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta el 31 de enero, un plazo que se amplía para la vigencia del estado de alarma (hasta el 9 de mayo). "Se trata de un decreto extraordinario para circunstancias extraordinarias", ha comentado Ábalos.

De hecho, lo que hace el decreto es prorrogar las medidas ya adoptadas durante el estado de alarma en materia de vivienda y desahucios y se incorporan otros colectivos vulnerables a las personas afectadas por aquellas medidas. "Si entonces nos referíamos a aquellas personas en vulnerabilidad por el COVID-19, ahora se extienden a las personas que ya lo estaban antes de la pandemia", ha comentado. Pero también se extiende las medidas a las personas que han ocupado viviendas "sin violencia ni acción ilícita antes de que se hubiera aprobado este decreto y que se destine a vivienda habitual". Por lo tanto, ha precisado Ábalos, no pueden constituir una segunda vivienda o haber sido cedidas a otras personas, además de acreditar la condición de vulnerables: con menores de edad a su cargo, dependientes o víctimas de violencia de género.

El Ejecutivo se proponen que sean los servicios sociales de las comunidades los encargadas de ofrecer la alternativa habitacional a las personas que vayan a ser desahuciadas. Además, deberá ser "una vivienda digna" y el lanzamiento no se podrá realizar si no se ha "asegurado y garantizado un realojo", según subrayó Ábalos.

El inquilino deberá solicitar el aplazamiento

Las grandes inmobiliarias o tenedores de más de 10 pisos, tendrán derecho a solicitar una compensación por el perjuicio que les haya ocasionado la suspensión del desahucio de una familia vulnerable sin contrato de arrendamiento, una vez transcurridos los tres meses que tendrá la administración para ofrecer a esa familia una solución habitacional. El inquilino tendrá que presentar la solicitud de aplazamiento y el juzgado debe dirigirse a los servicios sociales para que acrediten la condición e vulnerabilidad. La Administración autonómica tendrá que buscar una opción habitacional. "Si se resuelve favorablemente el tema se habrá resuelto y si no hay alternativa, el propietario de esa vivienda tendrá derecho a esa compensación", ha comentado el ministro de Transportes.

Esta noma es una de las que más tensiones ha provocado entre los socios del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Los 'morados' defendían que las compensaciones fueran solo para los pequeños propietarios afectados. Según el texto, la compensación consistirá en el precio medio de alquiler en el entorno en el que se ubique el inmueble, lo que será determinado a partir de los índices de referencia, más los gastos corrientes de la vivienda asumidos y acreditados por el arrendador en el período que medie entre la suspensión del desahucio y su levantamiento, informa. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, no ha comparecido en la rueda de prensa para comentar la medida, pero ha aprovechado la red social Twitter para comentar su aprobación y la aportación de Unidas Podemos. "Este decreto no es la panacea, pero va a ayudar a muchas familias a pasar este año tan duro y tan difícil".

Ábalos, por su parte, ha comentado que la medida adoptada no van contra el derecho a la propiedad, algo que esgrimían los grandes tenedores antes de que se aprobara el decreto. "Las compensaciones a que hubiera lugar se producirán cuando no se ha buscado una alternativa habitacional y deben transcurrir en el espacio de tres meses", ha precisado, El propietario puede reclamar compensación y van con cargo al programa de ayuda que el Gobierno ya aprobó, dotado con 100 millones de euros. Con ocasión del nuevo Presupuesto, ha apuntado el ministro, las medidas podrán verse aumentadas.

El Decreto aprobado, además, incluye medidas para evitar el corte de suministro de servicios esenciales para colectivos vulnerable. Se amplía la prohibición del corte de suministro de agua, electricidad y gas a las personas en vulnerabilidad incluidas en la normativa. La novedad es que no solo se benefician las familias del bono eléctrico, sino también las familias que no sea titulares de los contadores de energía eléctrica, pero se encuentren en la situación de vulnerabilidad que especifica el decreto. "Garantizamos que mientras dure el estado de alarma aquellos consumidores vulnerables sigan contando con total tranquilidad en sus hogares de los suministros de agua, luz y gas", ha comentado la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera.

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