El Gobierno y el PP han llevado al Congreso su enfrentamiento por el nuevo impuesto a empresas del sector energético y a entidades financieras. La Comisión de Asuntos Económicos ha sido el escenario, este martes. La presidencia, que ejerce el diputado popular Celso Delgado, convocó una sesión para trazar el calendario de tramitación de la proposición legislativa, presentada por el PSOE y Unidas Podemos

Según informan fuentes parlamentarias conocedoras de la discusión, el grupo popular, que en la Mesa de la citada Comisión tiene dos representantes (Alicia Gutiérrez y el propio Celso Delgado), ha pedido que no comience el trámite hasta que haya informes de la Autoridad Fiscal, la AiReF, y del Consejo de Estado. Asimismo, ha exigido comparecencias de expertos. Los representantes socialistas (Antonio Hurtado y Diego Taibo) y la de Unidas Podemos (Roser Maestro) han argumentado que trámites de urgencia como el debatido no requieren ni informes ni testimonios de especialistas. Al final, la mayoría gubernamental se ha impuesto.

Habrá un trámite muy rápido, por tanto, ya que la idea del Ejecutivo es que el gravamen esté en vigor el 1 de enero de 2023. Los pasos hay que darlos con celeridad. Así, el martes próximo se reunirán los integrantes de la Mesa de la Comisión de Economía y los portavoces de los grupos. En cuanto acaben, se creará la ponencia. Ponencia que trabajará durante 48 horas porque el jueves siguiente se celebrará la sesión que, dentro de la propia Comisión, avalaría el dictamen. De ahí, al pleno, al último pleno del mes. Después, la andadura por el Senado. Todo tiene que estar hecho en diciembre.

Las fuentes consultadas creen que de fondo late el conflicto abierto por un informe del Banco Central Europeo contrario al gravamen. De tipo consultivo, el texto aboga por la ejecución previa de un análisis completo sobre cómo afectaría al sector financiero. El vicepresidente del organismo, el español Luis de Guindos, ministro de Economía en los gobiernos de Mariano Rajoy, defendió el documento. 

Sin embargo, el presidente, Pedro Sánchez, tras agradecer al propio de Guindos su aportación, destacó que no piensa moverse un ápice de la hoja de ruta trazada. Una hoja de ruta que sitúa la entrada en vigor de la tasa a partir del 1 de enero del año que viene. Todas las estaciones anteriores las debe transitar el Congreso.

En eso está la Cámara. PSOE y Unidas Podemos registraron una proposición de ley en agosto; fue debatida para su toma en consideración una semanas más tarde, ya en septiembre. El pasado día 3 superó la enmienda a la totalidad de Cs. Ya se encuentra la propuesta en la Comisión que tendrá que tramitarla. El calendario se ha definido este martes.

Los gravámenes, temporales en ambos casos, y por tanto, aplicables para los ejercicios de 2023 y 2024, serán del 4,8% sobre los intereses y las comisiones netas de entidades con ingresos que superen los 800 millones de euros, y del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que facturen más de 1.000 millones al año.