Desde el inicio de la actual legislatura, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha protagonizado varios episodios de desencuentros con miembros del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez por las críticas vertidas a cuenta de determinadas decisiones judiciales que, a juicio del órgano de gobierno de los jueces, han podido traspasar los límites de la lealtad y la responsabilidad institucional, minando la confianza de los ciudadanos en este poder del Estado.

El último capítulo de este desencuentro responde a las acusaciones de machismo e inadecuada aplicación de la ley por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, tras conocerse varias resoluciones judiciales que han obligado a rebajar condenas a violadores y abusadores tras la entrada en vigor de la ley del 'sólo sí es sí'. En esta ocasión, la Comisión Permanente del CGPJ ha expresado su "más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos".

Este tipo de actuaciones, según los vocales del Consejo del Poder Judicial, minan la confianza de las víctimas en las administraciones "y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección". Los términos utilizados en este comunicado, el primero en este sentido tras la dimisión del que fuera presidente Carlos Lesmes, evidencian cómo este órgano -cercano a cumplir cuatro años en funciones debido a la falta de acuerdo político para renovarlo-, ha ido elevando el tono frente a las críticas. 

El primero de los avisos frente a manifestaciones de un miembro del Ejecutivo de Sánchez tuvo lugar casi recién comenzado el mandato, el 15 de enero de 2020, cuando el CGPJ pidió "prudencia" al entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias y le instó a evitar el uso político de la Justicia después de que manifestara en una entrevista televisiva que las resoluciones de los tribunales europeos sobre el 'procés' independentista en Cataluña habían dejado "en mal lugar" a la Justicia española, lo cual suponía una "humillación para el Estado". 

En esta ocasión, vocales tanto designados a propuesta del PSOE como del PP apelaron a "la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia" de los jueces.

El reproche volvió a repetirse unos meses más tarde, el 23 de abril, esta vez por unas manifestaciones del que fuera líder de Unidas Podemos tras la condena impuesta a la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, por participar en los altercados que se produjeron durante un desahucio en 2014. En esta ocasión el CGPJ fue un poco más allá al considerar que las palabras de Iglesias generaban "una sospecha inaceptable" sobre la independencia e imparcialidad de los tribunales. En dicha ocasión sólo un miembro de la Comisión Permanente votó en contra, curiosamente el actual presidente suplente Rafael Mozo, designado a propuesta del PSOE.

Belarra excedió "límites de la libertad de expresión"

El pasado mes de octubre tuvo lugar otro capítulo del desencuentro, cuando el Consejo hizo público otro reproche a un miembro del gobierno de coalición de Sánchez, esta vez a la ministra Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, por mensaje en redes sociales donde cuestionaba la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el diputado Alberto Rodríguez y la posterior retirada del escaño por decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. 

El órgano de gobierno de los jueces mostró su "absoluto y rotundo rechazo" e incrementó el tono "con mayor rotundidad que en otras ocasiones", según reconocía el propio texto, porque las palabras de Belarra atribuían la comisión de un delito los magistrados del Tribunal Supremo que dictaron la sentencia. Esta afirmación, según señaló entonces el Consejo, excedía "absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión" además de "generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación".

Pero el Gobierno de Sánchez no ha sido el único en criticar decisiones judiciales y recibir reproches por parte del CGPJ. En abril de 2018, el CGPJ pidió "mesura" y "prudencia" a los miembros del Gobierno, después de que el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijera en una entrevista que el magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra que dictó el voto particular en el caso de 'La Manada', Ricardo Martínez, tenía algún "problema singular" y "todos lo saben". 

Un anterior Consejo, en marzo de 2010, el CGPJ ya hizo pública otra declaración institucional en defensa de la independencia judicial, después de que personalidades políticas como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, los exministros Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco y Francisco Caamaño, o el expresidente del Congreso José Bono salieran en defensa del exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien finalmente fue inhabilitado por el Tribunal Supremo.