La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso aprobará este jueves el dictamen de la nueva ley que permitirá la aplicación, a partir del 1 de enero de 2023, de un gravamen temporal para entidades bancarias y para empresas del sector energético y de un impuesto, también temporal, a grandes fortunas. Será así, informan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, fuentes parlamentarias implicadas en la negociación, porque PSOE y Unidas Podemos han mantenido la unidad que prometieron tener hace unas semanas, y ésta es la base sobre la que descansa el ‘éxito’ parlamentario del Gobierno. 

Han resistido la unidad y la lealtad al acuerdo en medio de la tormenta. La ley de garantía integral de la libertad sexual, la ley del 'sólo sí es sí', como es conocida, ha generado un efecto estruendoso en los planos jurídico, judicial, social y político. Se están dando numerosos casos de rebaja de penas a condenados por delitos sexuales, en aplicación, dicen los jueces, de la norma y de los cambios que propició en el Código Penal. 

A la desunión entre los propios socios de Gobierno sobre cómo encarar esta consecuencia en los juzgados de España, se ha añadido este miércoles la disparidad de criterio entre los cargos socialistas, un ataque vehemente de Podemos contra los jueces y un contraataque igual de contundente de los jueces y los fiscales contra Podemos.

En fin, que si de la relación PSOE-Unidas Podemos salía humo por culpa de la ley trans, de la ley de bienestar animal o de la manera en la que se ha gestionado la supresión del delito de sedición (a saber qué pasa con el de malversación), ahora salen llamaradas.

Pero no todo arde entre la formación que encabeza Pedro Sánchez y la que encabezan Ione Belarra e Irene Montero. Este jueves, en el Congreso, en una Comisión que durante este año ha sido un oasis de consenso y ambiente amistoso, la de economía, la ley del nuevo impuesto a bancos, eléctricas, gasísticas y personas muy ricas se va a quedar muy, muy cerca de la aprobación. Eso se producirá en el pleno de la Cámara Baja dentro de unos días, pero que en la Comisión salga adelante el dictamen es muy revelador. No garantiza el envío al Senado, pero casi. 

Rondando los 190 votos

El sustento está en la unidad que PSOE y Unidas Podemos han mantenido. El trámite ha sido tan rápido, no obstante, que tampoco había margen para discrepancias sobrevenidas. Como apunta una fuente, el diálogo y el esfuerzo por el acuerdo se desplegaron mucho antes. Antes del registro de la proposición de ley, en septiembre, y antes del registro de enmiendas conjuntas, en noviembre. Aquí PSOE y Unidas Podemos han ido de la mano siempre. No es así en todos los procesos parlamentarios; de hecho, es muy habitual que los socios de la coalición intenten mejorar las leyes por separado, con las consiguientes tensiones, claro.

Garantizado que las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos entrarán en el dictamen (“faltan algunos detalles”, afirma, prudente, una de las fuentes), el Gobierno necesita que los aliados parlamentarios más frecuentes echen una mano. No se prevén sustos, lo que no es para minusvalorar. No sería la primera vez que pese al pacto previo entre los socios del Ejecutivo de pronto irrumpen ERC o EH Bildu o PNV y dicen que tienen dudas. Esto es justo lo que pasó con la convalidación de uno de los últimos decretos anticrisis, a finales de agosto. Parecía todo hecho, pero cuatro días antes el optimismo se tornó nerviosismo.

Horas antes de la reunión de la Comisión, nada presagia un sobresalto. “La mayoría está asentada”, indica una fuente. Esa mayoría la integrarán, si no hay sorpresas, prácticamente los mismos partidos y formaciones que rechazaron la enmienda a la totalidad, a primeros de mes. Además de PSOE y Unidas Podemos, las fuentes dan por hechos los síes de ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, BNG, Teruel Existe, PRC, y quizá PNV. El respaldo, en números, ronda los 190 votos. Aquel día del debate de totalidad fueron 188. El margen de maniobra es holgado. Los que las fuentes ubicaban en el “no” serán los que efectivamente voten “no”: PP, Vox y Cs.

Los cambios

La proposición de ley, registrada por PSOE y Unidas Podemos a mediados de septiembre, establece un gravamen temporal (para los ejercicios 2023 y 2024) a las empresas del sector energético, en especial las eléctricas; y otro (mismo periodo) a los bancos. El objetivo es doble: político y recaudatorio. Político, porque el Gobierno quiere enviar un mensaje a las clases medias y trabajadoras y decirles que se van a repartir las cargas de la superación de la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Recaudatorio, porque para eso hacen falta recursos públicos, y ya se sabe cómo se financian los recursos públicos.

En las enmiendas, PSOE y Unidas Podemos, siempre juntos, amplían el campo de juego. El impuesto a la banca se aplicará también a “sucursales establecidas en España de entidades de crédito extranjeras” y afectará, en general, a las que tengan importe de ingresos por intereses y comisiones de 800 millones de euros o más. El impuesto al sector energético se extenderá a empresas cuyos volúmenes de negocio proceda de actividades económicas “en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería”.

Y sobre todo, los socios de Gobierno han incorporado una serie de enmiendas para aplicar un impuesto a las grandes fortunas, llamado concretamente “Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas”. Gravará a quienes tengan un patrimonio de más de tres millones. Hay en la novedad una finalidad “armonizadora”, señalan los socios: “disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas comunidades autónomas”. Recuerden aquella batalla tributaria que provocó la Junta de Andalucía cuando anunció que acabaría con el impuesto de patrimonio. La diferencia entre este y el nuevo es el “hecho imponible”: “patrimonios netos” de 3 millones o más.

La derecha

Al PP, apunta una fuente, y en general a la derecha, la tramitación de la proposición les está resultando una "cacicada". Incluir vía enmiendas un impuesto a los ricos supone hurtar el debate, argumentan diputados de este sector. Las fuentes parlamentarias que han negociado la redacción de la ley lo niegan. “Ha habido debate en ponencia, habrá debate en comisión este jueves y habrá debate en el pleno dentro de una semana, y luego el debate en el Senado”, destaca una de ellas.

No ha ayudado a la relajación del ambiente, la posición del Gobierno con las enmiendas vetadas por suponer alteración de la balanza de ingresos y gastos que consta en la ley presupuestaria. Esto se hace siempre, en cada ley. El enfado, en especial de Cs, surgió cuando comprobó que de un plumazo el Ejecutivo anulaba más de 40 de las 136 enmiendas presentadas por todos los grupos. El portavoz de los liberales, Edmundo Bal, amenazó con ir al Tribunal Constitucional. El PSOE, este miércoles, ha comunicado a la oposición que revierte la decisión inicial. Esas enmiendas antes vetadas se podrán debatir. “Lo hemos hecho en beneficio del clima parlamentario; no había un problema político”, remarca una fuente.

Clima de debate y votación. Clima que PSOE y Unidas Podemos han logrado que esté a su favor. “No vamos a mover una coma”, puntualizan las fuentes, que no obstante reconocen que a los “morados” les hubiera gustado hablar sobre algunas propuestas de ERC o EH Bildu. “Pero ha prevalecido el compromiso de los socios de Gobierno y las dos partes han priorizado la lealtad”, anota un diputado a este medio. Con el impuesto ha sido posible. Con “la ley del sí es sí” ya se verá. Y con otras leyes que aguardan su momento, pues el horizonte no es que se vea despejado y luminoso precisamente. Ley de vivienda, ley trans…