03 de marzo de 2012
03.03.2012
Elecciones autonómicas

El Gobierno recurre el veto alcalde-diputado

03.03.2012 | 06:00

El Gobierno central cumplió ayer su promesa y anunció el recurso a la ley que impide a un alcalde ser diputado autonómico en Andalucía. El Ejecutivo de Mariano Rajoy considera que la norma, que modifica la Ley Electoral andaluza y que fue aprobada en noviembre con el rechazo del PP-A, es inconstitucional. Un informe del Consejo de Estado avala esa tesis.

De admitirse el recurso a trámite por el Tribunal Constitucional, decisión que se sabrá en los próximos días, se suspendería durante cinco meses este precepto de la ley. Significaría que los once alcaldes que el PP ha colocado en puestos de salida en las listas al Parlamento podrían tomar posesión de su escaño. El PP es el principal partido afectado por esta norma, ya que hasta ahora tenía a 17 regidores en la Cámara. IU, que cuenta con el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, como parlamentario, se abstuvo en la votación de la reforma de la ley.

Reforma de la Ley. El Consejo de Ministros adelantó ayer que solicitará al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma.

La reforma de la Ley Electoral andaluza tenía como principal objetivo incluir a los alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales y presidentes de mancomunidades en el régimen de incompatibilidad con el cargo de parlamentario autonómico andaluz.

El Gobierno señaló que estas incompatibilidades no existen en la legislación básica estatal de régimen electoral Ley Orgánica Régimen Electoral General y se entienden desproporcionadas y arbitrarias, en tanto que la norma que las recoge no justifica el distinto trato que se da a alcaldes, presidentes de Diputación Provincial y de Mancomunidad Municipal, en relación con los restantes altos cargos de las distintas administraciones públicas, asimilación que sí se venía ocurriendo en el régimen electoral andaluz hasta esta reforma.

Por ello el Ejecutivo considera que conducen a una limitación del derecho de sufragio pasivo reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución.
El Consejo de Estado ha remitido recientemente un dictamen en el que aprecia «fundamentos jurídicos» para interponer recurso de inconstitucionalidad contra el veto a los alcaldes diputados. Sostiene que la incompatibilidad entre los cargos de alcalde y parlamentario autonómico «constituye una vulneración de los derechos constitucionales de sufragio pasivo y de acceso a cargos públicos de que son titulares las personas afectadas».

Los socialistas defienden que hay que evitar el «pluriempleo en la política», dijo el jueves el presidente José Antonio Griñán, sabedor de la intención del PP.

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