Según nos dicen, España constituye un estado social y de derecho, aunque este renglón sobre libro jurídico no se reconozca entre la silueta fantasmagórica de un drogadicto que atraviesa inhumano la calle en busca de una dosis analgésica e inevitable que la Sanidad no le proporciona. Erigimos un Estado social cicatero con el reparto de despojos, no alimenta del mismo modo este pastel de bienestar por todos horneado. El gran problema social de Málaga se ubica en aquella amplia zona conocida como La Palmilla, barrio obrero que tras la llegada de las crisis industriales de los setenta emprendió, a su pesar, la senda de la lumpenización; hoy se alza como una llaga que supura, sobre todo, para quienes habitan allí al margen de la delincuencia, la cruel paradoja que exige desde hace décadas una protección efectiva del Estado que no llega. En el magnífico reportaje que escribe Miguel Ángel Reina un infierno se trasluce para quienes padecen aquellas aceras y no comenten otro pecado que el de una pobreza impedimento para la huida. Extorsiones, tráfico de drogas, armas o mujeres, guetos marginales de inmigrantes que inauguran un cáncer, como todos, presto a su aumento; un hades donde más de treinta mil personas sufren el enriquecimiento de los modernos reyes del hampa, al más descarado estilo Chicago años 20. Basta un paseo ante las fachadas traficantes para que el viajero contemple un paso al otro mundo donde decenas de muertos vivientes, sucios y desorientados, deambulan tras la nula piedad de los camellos que les extraen doce mil euros diarios, más de cuatro millones anuales que brotan de las esquinas prostitutas, pero también de navajerío, tirones y atraco a la misma familia. Como ya digo, los propios vecinos de barrio son quienes arrastran sobre todo esta ausencia de todo derecho en esa cloaca hacia la que fluyen los grandes olvidados de nuestro cuarto mundo, además de buen número de los delincuentes camuflados entre quienes acuden a España en busca de un futuro y en ocasiones una sociedad justa; aquí también comprueban su ausencia. La Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Gobierno tienen que abordar este problema ya como cuestión de Estado, al margen de disputas vergonzosas sobre caudillajes políticos y áreas de competencia, los capitales proceden de iguales bolsillos y de impuestos que no benefician a ese reducto de ilegalidad permanente arrojado a una cartografía lejana a Europa. Demasiada información triste genera un solo barrio. Corrales en los tejados, bloques de viviendas sin electricidad, basura que arde en los portales, tiroteos, alquileres de armas e imperio de la chulería absoluta; todo este panorama bajo el diseño de nombres propios conocidos por la ley. Múltiples problemas que exigen soluciones contundentes, complejas e inmediatas para que unos pocos matones no conculquen los derechos humanos de tantos vecinos. Humillante. La Palmilla también es Málaga.