La decisión del consejo de Martinsa-Fadesa de instar concurso de acreedores, denominación técnica que ahora tiene la anterior suspensión de pagos, es un intento desesperado de evitar la quiebra de una empresa que ha sido considerada el gran símbolo de la burbuja inmobiliaria española que ahora ha estallado sin que se atisben las consecuencias de una crisis que está afectando a toda la economía nacional. Porque estamos ante el primer gran desplome que desgraciadamente no será el último y que puede generar un temible efecto dominó sobre el sector.
Martinsa-Fadesa es la consecuencia de los sueños de Fernando Martín, que no se conformó con ser uno de los constructores más potentes del país y quiso liderar la empresa constructora más importante de Europa cuando el 26 de septiembre de 2006 compró por 4.000 millones de euros Fadesa a su propietario, el empresario gallego Manuel Jove, y al resto de accionistas hasta alcanzar el 86,48 por ciento del capital. El acuerdo llenó de asombro a los expertos más optimistas en un momento en el que las constructoras buscaban crecer a cualquier precio para ser aún más competitivas. Fernando Martín pagó por cada acción de Fadesa casi el 21 por ciento más de valor que entonces tenían los títulos en el parqué bursátil y hubo de recurrir a un alto endeudamiento bancario que ahora lo lleva al concurso de acreedores. La imposibilidad de Martinsa-Fadesa de hacer frente a las obligaciones crediticias contraídas con un sindicato de bancos y cajas de ahorros tiene el morbo añadido de aspectos no explicados de la relación de la empresa con el Gobierno central. Hay expertos que aseguran que en plena campaña electoral Fernando Martín recibió la promesa de altos responsables del partido en el gobierno de un crédito de la banca oficial, concretamente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para refinanciar parte de la deuda, promesa que, al parecer, se llevó el viento de las urnas. El paso de un alto directivo de Cajamadrid, una de las entidades que más crédito concedió a la empresa ahora en crisis, a Martinsa-Fadesa y su vuelta a la caja de ahorros ha provocado duras críticas. Otros analistas insinúan que el directivo fue enviado por Cajamadrid a controlar el proceso y que lo ha recuperado cuando ha visto que el problema se escapa a su control.
El desplome de Martinsa-Fadesa es la gran primera prueba a que está siendo sometido el sector inmobiliario español tras años de imparable expansión, de beneficios de vértigo y, también, de una campaña política de torpe descrédito de la propiedad inmobiliaria. En Estados Unidos, donde la crisis de las entidades hipotecarias ha sido el origen de las actuales turbulencias en casi todo el mundo, se ha abierto el debate sobre si el Estado federal ha de acudir en auxilio de ellas o no. Las voces que piden una intervención salvadora de dichas entidades son solventes y numerosas pero el caso de Martinsa-Fadesa es algo distinto. Es por lo pronto una inmobiliaria con una deuda gigantesca. También en España hay quien como el ministro de Industria, Miguel Sebastián, pide una intervención estatal en auxilio de empresas como Martinsa-Fadesa. Ahí está el dilema: ayudar o no a quienes tanto se beneficiaron de los años de vacas gordas. Lo que no puede quedar en el aire, en ningún caso, es la incertidumbre actual que lleva el desconcierto a los ciudadanos y amenaza con paralizar la economía. El Gobierno tiene que enviar un mensaje claro al mercado sobre la política a seguir tanto en cuanto al tipo de apoyo que puede prestar en las actuales circunstancias como a la política del suelo que piensa aplicar en el futuro. El Gobierno tiene que contribuir a devolver la tranquilidad a los mercados para que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria no siga provocando la desconfianza del sector financiero, cuya falta de liquidez tiene gravísimas consecuencias para nuestro desarrollo económico.
