¿Qué tendrá la Costa?

Que todo el que llega aquí se coloca. Con el paro, tsunami social mal aparecido, ya será menos. El caso es que la provincia de Málaga sufre una población ajena a su censo sospechada en más de seiscientas mil personas, o así, que para eso está de tapadillo. No sólo se trata de inmigración ilegal que casi es el menor problema, al contrario, su deseo dorado se escribe en la posesión de documentos que acrediten su llegada y residencia entre nosotros. Ese camuflaje presencial arraiga, sobre todo, en nacionales y extranjeros con pasaportes prestigiosos y billeteras sólidas que, a pesar de sus largas temporadas aquí, a pesar de habitar vivienda propia, no se dan de alta en el padrón por diversos motivos que oscilan desde la desidia por el papeleo que se considere inútil, hasta una tupida trama de intereses privados. En cualquier caso, generan un grave desbarajuste para la ciudadanía, con especial incidencia sobre el vecindario del litoral, más que para el de interior. Según los indicios de factura energética, agua, tráfico y demandas sanitarias, junto con el volumen de basura recogida, o matrícula escolar imprevista, resulta que Marbella alcanza cotas como la tercera urbe de Andalucía, Fuengirola o el Rincón necesitan más del doble de infraestructuras para atender sus necesidades básicas, Estepona o Alhaurín de la Torre no dan abasto con sus servicios y Málaga capital tiene que calcular sus actuaciones para unas cien mil personas más de las que, en teoría, sus calles moran.

Mediante estos datos se comprende lo que siempre supimos los malagueños, que las grandes obras públicas están mal calculadas desde el primer boceto, que el desconocimiento de técnicos ministeriales o de consejerías sobre las características de esta provincia tiende a cero, como aquellas funciones matemáticas que, entre nuestras fronteras cuadriculan una curva de fracasos constantes. Las reservas hídricas, sequía o no, se sumen en una escasez de décadas y sin planes efectivos de solución. El que la Junta llama macro-hospital, con tres mil camas, está saturado ahora que sólo se ha soñado. Y los distintos ayuntamientos padecen un déficit de ingresos, soportado por los gravámenes sobre construcción, a la vez que un superávit en atenciones comunitarias obligatorias, insostenible en mitad de esta crisis, según la fiscalidad vigente. Unos pocos pagan, el resto como fantasmagoría comensal sólo engulle o multiplica el gasto sin más. Con estas características el cálculo de aulas docentes, por ejemplo, falla porque en septiembre brotan como setas otoñales doscientos escolarcillos a quienes hay que alojar de bulla y corriendo. Vivimos en una zona dinámica, con bruscos movimientos demográficos a los que se ofrecen respuestas presupuestarias con lentitud exasperante, tanto desde Sevilla, Madrid, o Bruselas que aquí, sin embargo, se colocan, colocan.