A través de este artículo intentaré esquematizar cuál debería ser la actitud ante la crisis de las diferentes Administraciones Públicas (AAPP) en un país como España, donde tenemos un rosario de entes públicos que administran la cosa pública. La verdad es que la descentralización es un rasgo idiosincrásico del sector público español, en comparación con el resto de Europa.
El problema de la actual situación no está en el modo de cómo financiar el déficit creciente, sino más bien en lo que produce el déficit, y sus consecuencias más dramáticas. Como consecuencia directa estamos soportando niveles muy bajo de credibilidad como nación. Ergo, aumento del spread de la deuda española que nos obliga a comprar el dinero más caro, lastrando más si cabe nuestra economía…
De todos es conocido que el capítulo de inversiones en las AAPP está recortándose a un ritmo brutal. Necesario, aunque no estemos cayendo en la cuenta de que esta medida atizará la contracción en algunas de las variables de la ecuación demanda agregada. Cierto es que no se puede hacer gran cosa al haberse reducido drásticamente la recaudación.
Uno de los mejores ejemplos de perversión del actual sistema es la deuda que mantienen las AAPP, sobre todo las Diputaciones, Mancomunidades, y demás entes locales (AALL). De entrada resulta paradójico que los primeros damnificados de los excesos sean los miles de proveedores que sirven sus productos y servicios en tiempo y forma a la AAPP. Estas empresas están siendo obligadas a sostener un circulante de sus clientes públicos, y con la incertidumbre añadida de si cobrarán para la Navidad que viene, o en la primavera del 2015. Sin embargo, el marco jurídico actual penaliza al incumplidor, por ello los proveedores tienen armas en sus manos muy efectivas, que van desde la emisión de facturas donde repercutir los intereses de demora. Amén de las actuaciones judiciales a las que tienen derecho, poniendo en un brete a los gestores públicos que no cumplan con sus compromisos de pago. Pronto veremos a muchos proveedores angustiados llevando a gestores públicos a los juzgados.
El quid de la cuestión radica en el elevado gasto del capítulo uno de personal que mantienen las AAPP, y en mayor medida las AALL. Insostenible y sobredimensionado. Si a estas circunstancias le unimos que las AALL no podrán acudir al crédito público ni privado a largo plazo hasta enero de 2012, para así financiar sus inversiones, según reza el Real Decreto Ley del Gobierno; la cosa pinta mal.
A la luz del escenario expuesto toca gestionar los entes locales como empresas en crisis. Sin demora, hay que iniciar una suerte de actuaciones encaminadas a reducir el déficit imperante. El error es no dar la cara y no negociar aplazamientos en el pago a los proveedores. No hay que esconderse.
Toca reducir el gasto de personal sin tapujos. Hay que dedicar más esfuerzos a la hora de reducir el déficit estructural que mantienen las AALL, poniendo medidas correctivas de inmediato.
Animo a la Universidad y a las Escuelas de Negocios para que desarrollen programas formativos ad-hoc, que versen sobre la gestión de la crisis de los entes públicos. Seguro que se llenarían las aulas de gestores públicos buscando recetas para salir de este atolladero.
