Quizás algunos se pregunten por qué los organismos internacionales se muestran tan insistentes con la necesidad de una reforma laboral en España. No opinan sobre los otros países, ¿qué pasa aquí?
Pasa que en España, cuando el PIB cae un 1%, el desempleo lo hace un 2%. No ocurre igual en otros países. De hecho, Alemania e Italia apenas pierden empleo y, en general, el porcentaje de pérdida es la cuarta parte que en España.
Está claro que hay una mala regulación, y no les importaría al resto del mundo si no fuera porque somos el país más endeudado. Y todos nuestros deudores se preguntan cómo vamos a poder pagar con 5 millones de parados y con un gasto público desbordado –nuestro déficit es de los más altos entre los países desarrollados– es esa preocupación la que lleva a los organismos a presionar a España.
Pasado un tiempo desde la entrada en vigor de la «Reforma» se puede comprobar que no era la necesaria. De hecho reforma muy poco y, en algunos casos, empeora la situación. No elimina el intervencionismo, lo aumenta. El más grave defecto de nuestra legislación, a mi entender. Es un residuo del paternalismo de la dictadura que ha permanecido. A lo largo de los años se ha ido conformando el cuerpo jurídico en base al desarrollo de las libertades, excepto en la legislación laboral. Jueces y sindicatos tutelan la empresa en sus decisiones.
Cuando un dentista, comerciante o pescadero contrata a uno o dos ayudantes, les cae encima un procedimiento administrativo que como le vayan mal las cosas no sólo le arruinará sino que le amargarán la vida social y moralmente.
¿Alguien se extraña de que haya pocas vocaciones empresariales? Si un fabricante con seis empleados quiere cambiar horarios, jornadas, reorganizar la producción para adaptarse a la demanda, tendrá que pedir permiso a sindicatos –aunque no exista representación sindical en la empresa– y, en última instancia, a un juez, perdiendo dinero e imagen por el camino.
Absolutamente ridículo, como lo es que no se puedan negociar los salarios en cada empresa en función de su situación. Una empresa de materiales auxiliares de la construcción con 9 empleados, con gravísimas dificultades en 2009, tenía que subir los salarios un 4 o un 5%. Optó por cerrar, claro.
Nuestra economía con 5 millones de parados, si quitamos el maquillaje estadístico, cientos de miles de contratos fraudulentos y un 30% de temporalidad, merecería un esfuerzo de Gobierno y sindicatos. Si no lo hacen sólo nos queda la esperanza de que Alemania nos imponga la reforma necesaria para que se cree empleo, los españoles podamos trabajar y sus bancos puedan cobrar lo que les debemos.
Es tiempo ya de que, bajo una ley marco, nuestras pequeñas empresas y sus trabajadores puedan negociar, y aprovechar la energía y la fuerza de la libertad para solventar este grave problema. Con más controles y más leyes corsé no se soluciona esto.
