La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga convocó en el día de ayer una concentración en la Ciudad de la Justicia. A ella estaba llamada toda la abogacía malagueña. Motivo de la convocatoria: la discriminación de nuestros derechos como ciudadanos.

Nuestro país presume de gozar de un sistema sanitario universal, gratuito y garantista. De hecho nuestra Constitución en su artículo 43 configura como derecho social básico la protección de la salud, sin embargo esta protección no se otorga a todos de igual manera y el colectivo profesional de la abogacía si quiere hacer uso de la sanidad pública tiene que pagar por la prestación concreta.

Como reza la convocatoria que ha llegado al correo electrónico de todos los colegiados malagueños, «los abogados y abogadas residimos, trabajamos y pagamos nuestros impuestos, como el resto de los ciudadanos de Andalucía, sin embargo se nos niega el derecho a obtener la tarjeta sanitaria y con ello el acceso a las prestaciones médicas y farmacéuticas públicas». Con carácter general la sociedad considera que los profesionales liberales de la justicia somos unos privilegiados, que ganamos dinero a espuertas y que por conocer los entresijos legales gozamos de una autoprotección superior. Nada de eso es real y menos con la crisis actual.

Durante los años de bonanza económica muchos teníamos contratados seguros privados que ahora, dada la situación económica que padecemos, hemos tenido que dar de baja. Hartos de financiar con nuestro trabajo tanto la sanidad pública como privada sólo pedimos lo que nos corresponde, que se proteja nuestra salud de la misma manera que la de cualquier ciudadano. A los poderes públicos les corresponde hacer efectivo nuestro derecho.