Alberto Ruiz Gallardón, recientemente nombrado ministro de Justicia, ha sido noticia esta semana porque está analizando, entre otras medidas para agilizar la Justicia, que el mes de agosto sea hábil. Es público y notorio que nuestra Justicia es lenta y, por ende, menos justa porque retrasa resoluciones de conflictos que precisan respuestas inmediatas en la mayoría de los casos.
Soy partidario de que los juzgados se abran por las tardes porque un Estado social, democrático y de derecho no se puede permitir que su sistema judicial no funcione a pleno rendimiento porque es básico para el ejercicio de nuestros derechos y el cumplimiento de nuestras obligaciones. La seguridad jurídica inmediata es fundamental para la economía, inversores y emprendedores. A pesar de que en España solemos estar en nuestros puestos de trabajo más horas que el resto de europeos, somos más ineficientes y menos productivos, y la Justicia no es ajena a esta dinámica.
Hasta ahora se ha intentado solventar su problemática con reformas legislativas tendentes a acortar plazos, simplificar procedimientos, abrir más juzgados y dotarlos de más personal y medios. Estas medidas no serán suficientes mientras no se asuma que el principal problema de nuestros juzgados es que no suelen estar bien gestionados. ¿Cómo es posible que haya juzgados que, en igualdad de condiciones, estén al día en su trabajo, y otros no?
La mayoría de los procesos se pueden estandarizar y organizar el trabajo de forma más ágil. Para ello es preciso contar en los juzgados con expertos en gestión que se preocupen de ello, de analizar el cúmulo de trabajo y de facilitar las relaciones con los demás operadores jurídicos y ciudadanos. Hay que ocuparse de la formación continua de los funcionarios, mejorar su actitud y potenciar su motivación para que no soliciten cambio de plaza.
La parte buena de la crisis es que la sociedad y la clase política tienen cada vez más asumido que, para que todo funcione mejor, es preciso preocuparse de instaurar criterios de gestión eficientes.
