28 de febrero de 2012
28.02.2012
Tribuna

La gallinita ciega o el alegre país de las maravillas de la sostenibilidad salvaje

28.02.2012 | 06:00

Con la solución que opera el Decreto de la Junta de Andalucía que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma, la Junta ha decido convertirse en la gallinita ciega de este esperpéntico y macabro juego que se deja ayudar siguiendo las pistas de los ayuntamientos, quienes dándole vueltas y riendo le cantan: Gallinita, gallinita ¿Qué se te ha perdido en el pajar?/Una aguja y un dedal/Da tres vueltas y la encontrarás, le dicen.

Chanzas a parte, la solución arbitrada por el decreto puede calificarse de premio a la mala gestión para aquellos que teniendo la obligación de conseguir que la actividad urbanística cumpliera con los fines de: desarrollo sostenible y cohesión de las ciudades; vinculación de los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales; subordinación de los usos del suelo al interés general definido por la LOUA; así como el de las edificaciones y construcciones; decidieron jugar al juego de la gallinita ciega permitiendo por omisión la construcción de 250.000 viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable en Andalucía se hayan regido por los principios de la política social y económica contemplados en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución Española, a los que por mandato de la ley urbanística andaluza está subordinada la ordenación urbanística.

Hay en el decreto un dato concreto que confirma lo que he señalado y que nos lo proporciona el artículo 17: la no computación de los terrenos ocupados por asentamientos ilegales a los efectos de determinar los límites de crecimiento superficial que impone el artículo 45 del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, en unión con los planes subregionales. Para ello parte de la ficción jurídica que tal ocupación no existe.

Inevitablemente la situación creada nos lleva a preguntarnos cómo ha quedado el Estado de Derecho en Andalucía. La respuesta no puede ser otra que: quebrado, ante el fallo generalizado de todos los mecanismos y controles previstos en la ley. Y esta quiebra no puede ser atribuida únicamente a una de las administraciones públicas implicadas pues tanto ayuntamientos como Junta de Andalucía obviando el mandato de atribución competencial conjunta que les asigna la LOUA, decidieron mirar hacia otro lado. Los primeros permitiendo tales construcciones y no ejerciendo las potestades de disciplina urbanística que tienen atribuidas o aprobándolas en otros casos mediante expedientes urbanísticos que no cumplían los requisitos exigidos por la ley, pues no es creíble que se puede invocar desconocimiento en los pequeños pueblos donde todo se sabe. Pero hablemos claro, en los pueblos en la mayoría de los casos se pregunta al alcalde, aunque sea de manera hipotética. ¿Debemos creer entonces que los alcaldes pasaban el día encerrados en sus despachos sin contacto con la realidad de su municipio? Y respecto a la Junta de Andalucía: ¿acaso nunca llegaron denuncias de los ciudadanos, acaso nunca se comentó por los alcaldes y concejales del partido en el gobierno de la comunidad autónoma en las reuniones de conmilitones la situación que se estaba viviendo en sus respectivos municipios?. Cabe pensar pues que la Junta también miró hacia otro lado y decidió no ejercer las competencias urbanísticas atribuidas.

Resulta llamativo por demás que ninguna voz, desde ningún rincón, se haya alzado pidiendo la exigencia de responsabilidades a quienes permitieron tal estado de cosas. La explicación quizás haya que buscarla en el hecho que ante la magnitud del destrozo paisajístico y ecológico y la total ausencia de los principios de ética ciudadana que han demostrado (unos y otros), no han querido coger el toro por los cuernos pensando en que sería su muerte política, cuando de haber actuado como debían podría haber constituido el primer acto de valentía de nuestros responsables políticos frente a la corrupción, la primera actitud de cambio político que está reclamando la sociedad, sin perjuicio de los muertos políticos y las condenas judiciales que se hubieren debido derivar de aquella etapa. Cabe pensar pues que tal actitud fue una mezcla de cálculo interesado y cobardía política. En uno y otro caso quienes han actuado de esta manera no merecen ocupar el cargo de representantes de los ciudadanos o representantes de las instituciones en Andalucía. Señalar además que la quiebra del Estado de Derecho que ha supuesto esta situación de rebelión institucional de nuestros representantes a los principios y mandatos de la Constitución y la traslación a los ciudadanos del mensaje que todo vale, junto con la ausencia de voces críticas que desde dentro reclamen la exigencia de responsabilidades, ahondará la pérdida de confianza de los ciudadanos en representantes políticos e instituciones.

El decreto lejos de resolver el problema como proclama la administración autonómica, lanza el mensaje de que cuando el urbanismo salvaje vuelva a ser otra vez un problema insostenible se aprobará una norma que otorgue una nueva amnistía urbanística. Así, mientras el incumplimiento de la ley salga gratis a quienes son los encargados de su implementación y disciplina, continuaremos viviendo en el alegre país de las maravillas de la sostenibilidad salvaje.

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