urante el 2011 hemos sido testigos de grandes avances en materia de pensiones que han impulsado la reflexión sobre la necesidad objetiva e ineludible de planificar nuestros ahorros a largo plazo. Tanto los debates suscitados a raíz de las elecciones generales como la reforma de las pensiones acometida en el mes de agosto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013, han situado la cuestión de las pensiones a la cabeza de los grandes «asuntos pendientes» no sólo en España, sino en el resto de los países europeos.

Así lo ha puesto de manifiesto también la Comisión Europea con la publicación de «El Libro Blanco para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles», publicado el pasado 16 de febrero. El documento describe una realidad indiscutible que refuerza el principal mensaje en el que llevamos trabajando desde hace tiempo numerosas esferas públicas y privadas: la necesidad de planificar nuestro ahorro a largo plazo para poder mantener un nivel de vida adecuado una vez llegue nuestra edad de jubilación. Las dos variables que sustentan esta realidad son, por un lado, el envejecimiento global de la población y, por otro, una crisis económica que apenas ha hecho distinciones en nuestro continente y que ha mermado considerablemente el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Estas dos variables adquieren un perfil propio en España. Respecto a la primera, las últimas proyecciones demográficas del INE confirman que en, aproximadamente, 40 años el grupo de edad de mayores de 64 años podría duplicarse y constituir el 31,9% de la población. Además, la misma fuente apunta que en el año 2049, por cada 10 personas en edad de trabajar, casi nueve estarían potencialmente inactivas (menores de 16 años o mayores de 64).

Estos cálculos invitan a tomar conciencia, sin infundir alarmismos innecesarios, del retroceso cualitativo y cuantitativo que puede suponer la jubilación en el nivel de vida que disfrutamos en la actualidad. Sin ir más lejos, la realidad que vivimos en Andalucía puede servirnos de ejemplo.

Los últimos datos que el padrón municipal de 2011 recoge, ponen de manifiesto que en nuestra comunidad existen alrededor de 855.700 personas cercanas a la jubilación y más de 2.000.000 de jóvenes se verán afectados por el nuevo contexto motivado por la reforma del sistema de pensiones en España. Además, según los últimos datos del INE en la encuesta anual de estructura salarial, el sueldo medio bruto anual en Andalucía se situaba en 20.906 euros brutos anuales y, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, la pensión media en nuestra región es de 856,39 euros al mes. De este modo, tomando como referencia dichas cifras, los andaluces perderíamos de media, una vez llegado el momento del retiro, alrededor del 42% de nuestro poder adquisitivo.

Ante esta realidad, las principales recomendaciones a los gobiernos europeos que la Comisión arroja en su hoja de ruta sobre el futuro de las pensiones apuntan básicamente en tres direcciones: alargar la vida laboral, medida ya incorporada en nuestro país tras la última reforma, promover la suscripción de planes de pensiones o productos de ahorro complementario y desarrollar sistemas de información y concienciación ciudadana sobre la necesidad de planificar nuestros ahorros. Sin embargo, esta responsabilidad no debe recaer únicamente en las instituciones públicas y privadas, sino que cada uno de nosotros debemos realizar también un esfuerzo personal de reflexión sobre nuestro futuro.

Los datos y estadísticas oficiales muestran de manera objetiva la insuficiencia real de las pensiones públicas para mantener el nivel de vida del que gozamos en la actualidad. Y es precisamente en este punto donde debemos asumir una responsabilidad individual que nos permita ser capaces de ver más allá del futuro inmediato y planificar nuestros ahorros a largo plazo con el fin de poder asegurarnos una financiación adecuada cuando llegue nuestra «edad dorada». Dicha responsabilidad comienza por la reflexión sobre si estamos haciendo todo lo posible por nuestro bienestar futuro; continúa con la obligación de conocer los requisitos mínimos para el cálculo y el cobro de nuestra pensión pública y finaliza con el deber de todas las instituciones tanto públicas como privadas de proporcionar información transparente y fomentar la cultura de ahorro a largo plazo en España. Sólo entonces estaremos en disposición de decidir cuáles son las medidas óptimas en aras de evitar sorpresas desagradables cuando llegue el momento de retirarnos del mercado laboral.

En la actualidad, el abanico de fórmulas financieras de ahorro que constituyen el complemento idóneo para mantener nuestro nivel de vida, es amplio y plenamente adaptado a los diferentes perfiles de consumidores. Debemos ser conscientes de que, cuanto antes comencemos a planificar nuestra jubilación, más posibilidades tendremos de compensar esa inevitable pérdida de poder adquisitivo. Corregirla es posible, pero sólo a través de una planificación cuidadosa y programada, avalada por el mejor asesoramiento posible. No se trata de sobrevivir o malvivir después de nuestra jubilación, sino de disfrutar de nuestro tiempo libre y de nuestro retiro sin sufrir estrecheces.

[José Luis Jiménez es director General de Unicorp Vida]