¿De qué sirven las grandes palabras, si al final somos incapaces de resolver problemas básicos? Arenas dice que se volcará «por tierra, mar y aire» con lo que haga falta; Valderas receta dosis de caballo contra los recortes y Griñán promete más de lo mismo, los sindicatos le apoyan y él les premia con galletas de concertación social. Los discursos electorales nunca han servido para otra cosa que no sea despistar.

En la órbita de la gente de a pie somos testigos de una situación insólita en la provincia. El hecho, un detalle irrelevante en el trajín de campaña pero esencial para la vida diaria de un colectivo estudiantil, es que hay doscientos alumnos de Benamocarra y alrededores que no pueden entrar a su instituto, completamente nuevo pero precintado por orden municipal, a causa un conflicto incomprensible que ha degenerado en una auténtica vergüenza a la que nadie pone fin. No se trata de desvelar un secreto metafísico o de aplicar la tercera ley del movimiento de los planetas de Kepler, sino de solucionar un asunto doméstico, enconado por la obstinación del alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, con carné del PP, pero que ha sido ahora cuando se ha hecho realmente popular, sobre todo entre los padres de los alumnos, hartos de esperar a que sus hijos puedan continuar sus estudios en el centro en el que se matricularon. Aunque bien mirado, el principio fundacional del embrollo es más complejo de lo que aparenta y puede que estemos ante un enigma matemático, ante la hipótesis geométrica que mida cuál es la distancia entre el alcalde y su propio partido en este asunto, entre su particular mundo y las necesidades de las familias de los alumnos, los últimos en ser preguntados y los únicos perjudicados.

El comienzo de su irritación parte de antiguo. Hasta 2008, las relaciones entre el Ayuntamiento y la Junta eran las normales entre dos instituciones que habían firmado un convenio para la construcción del centro. Educación pagaba y el municipio gestionaba la realización de la obra. Pero el nombramiento de uno de sus adversarios políticos como director del instituto es el origen de que ahora estemos siendo testigos de este absurdo capítulo. Manuel Ruiz Cazorla fue el encargado por la Junta de tomar el mando del nuevo centro educativo, un docente curtido en tareas de dirección que contaba con la confianza de Educación y, a la sazón, portavoz del PSOE en el municipio. Se le nombró a dedo porque se puede hacer legalmente así en el primer año de andadura de un centro. Prima el criterio de la experiencia para asegurar su viabilidad inicial. Luego se pide un proyecto y la concurrencia de otros candidatos, aunque no se presentó nadie más. Y a partir de ahí, da la casualidad de que se encadenan los problemas: no llegaba la licencia y la Junta consigue el acta de ocupación por interés social; tampoco el alcalde permite hacer una obra necesaria para construir un transformador y se opta por un enganche de luz de obra; se pide en cuatro ocasiones la licencia para arreglar la escollera que por lo visto no está bien y tampoco llega. El resultado es un instituto sin licencia porque Lucena no reconoce el acta de ocupación, que no tiene sin luz propia y le amenazan supuestos problemas de seguridad. Conclusión: llega el precinto basado en un dictamen sobre plano, no in situ, del Consorcio de Bomberos, que él mismo preside. Y mantiene el pulso hasta la fecha, rodeado de continuas protestas de los padres. Empujado por la presión cede y permite que entren los técnicos de la Junta y de Bomberos a ver qué hay de cierto con los problemas de seguridad.

Han tenido que mediar el alcalde de Almachar, José Gámez, y el propio presidente de la Diputación y responsable del PP provincial, Elías Bendodo, para inyectar un poco de sensatez, aunque se haya tardado demasiado. Ayer mismo regañó públicamente a Lucena por no haber actuado con la suficiente celeridad para desbloquear la apertura del centro. Y mandó el mismo mensaje a la Junta, obligado de oficio, claro.

Ni siquiera en el supuesto de que fuera una disparatada estrategia electoral este episodio vale un pimiento porque la solución seguramente la veamos llegar antes de los comicios del 25M. Sería indecente alargar el conflicto para que el día 26, si ganan los populares, se resuelva de un plumazo. Por el camino, esta tensión de órbitas institucionales y personales deja dos centenares de damnificados de cuatro pueblos, un conjunto de pequeños planetas, ajenos a la leyes de Kepler, que durante mes y medio han tenido que ir a estudiar a Torre del Mar.