Un tipo sale de su casa, se monta en el coche y se dirige a su trabajo de toda la vida. Acaba de tomarse el café con prisa pero sin pausa. Quiere llegar pronto. Le preocupan muchas cosas. Entre otras, la escena de su detención, hace tres años y medio, en el seno del caso Arcos contra la corrupción en Alcaucín. Está implicado. Siempre que se le ha llamado ha ido a declarar en la Guardia Civil o en el juzgado instructor. Y, de repente, esas inquietantes imágenes que rememoraba mientras iba camino del trabajo se hacen realidad. La pesadilla se repite. Es detenido otra vez. Pasará tres días en el calabozo hasta que lo escuche una jueza. Y tiene miedo porque no sabe si, tras hablar con ella, podría acabar en la cárcel.

Esta forma de proceder en el marco de los grandes macrocasos de corrupción de la Costa del Sol la puso de moda el juez Miguel Ángel Torres. En el juicio del caso Malaya, algunos ediles y empresarios marbellíes han contado con pelos y señales lo mal que lo pasaron siendo esposados delante de sus familiares. Uno de ellos, incluso, perdió a su mujer cuando ésta se enteró de su arresto. En otro caso, un exconcejal que se dirigía al juzgado de Marbella para declarar vio cómo le cruzaban dos coches policiales en la calzada y le ponían las esposas como si fuera un asesino o un violador.

Otros declararon que en las largas y calurosas noches del verano marbellí de 2006 sólo salían del calabozo quien decía lo que el instructor quería escuchar; y salía de prisión quien hacía lo mismo, como ocurrió cuando Montserrat Corulla decidió cantar ante el juez Torres.

Decenas de penalistas se han quejado de esa forma de instruir, pues la detención es, como marca nuestro ordenamiento jurídico, una medida excepcional que debe hacerse de la forma menos lesiva para el interesado. ¿Se aplica con racionalidad la detención? Algunos denuncian que en determinados protocolos no. ¿Qué se puede hacer para evitar el recurso fácil de las esposas? Difícil solución para un problema que incluso ha merecido reflexiones críticas del exfiscal jefe de Málaga Antonio Morales y del actual decano del Colegio de Abogados, Manuel Camas.

Si a todo ello se le suma la pena de banquillo por la exasperante lentitud de la maquinaria judicial el cocktail es difícilmente defendible hasta por el más experimentado barman. En estos casos, como siempre, habría que escuchar también a los encargados de realizar las detenciones que, habitualmente, reciben la bendición de las instancias superiores como ha hecho la Audiencia Provincial, por ejemplo, con Malaya. Es cuestión de hablarlo.