Bajo el lema «Quieren acabar con todo», CCOO y UGT hemos convocado una huelga general hoy 29 de marzo. Con este mensaje queremos desenmascarar la verdadera política del Gobierno del Partido Popular, que llueve sobre mojado, puesto que los recortes que se vienen aplicando desde 2010 no han hecho sino agravar la situación.

El Real Decreto Ley 3/2012, que regula la última reforma laboral, constituye un ajuste de tuerca legal que potencia la discrecionalidad empresarial en la misma medida que desprotege a los trabajadores por cuenta ajena. Aunque el Gobierno la justifica alegando que creará empleo a medio plazo, su efecto inmediato se traducirá en un elevado número de despidos en el sector privado y público. De hecho, 700.000 trabajadores que conforman el cuerpo del personal laboral, que accedieron a su puesto por oposición, pueden verse muy pronto en el paro, con una indemnización por despido casi testimonial.

Con la nueva legislación, se transforma de un plumazo la negociación colectiva en el corral del liberalismo, rompiendo gran parte de las reglas del juego acordadas en los albores de nuestra democracia, y que ha dado tantos beneficios sociales y laborales.

En cuanto a las repercusiones de la reforma en el sector de la enseñanza y en los servicios socioeducativos, es preciso matizar que, aunque todavía no afecta al personal funcionario, es evidente el peligro de modificación del Estatuto Básico del Empleado Público con vistas a adelgazar las plantillas públicas no solo por la vía de congelar las convocatorias de oposiciones. Por ello alertamos al profesorado de que la mejor defensa de sus derechos es la protesta unánime contra esta reforma.

De hecho los ERE están llamando a la puerta en los sectores laborales de la enseñanza pública y en la Universidad. La disposición adicional segunda del Real Decreto Ley extiende el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. El decreto señala que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. La insuficiencia presupuestaria será persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.

Con las causas que justifican los despidos, es obvio que las universidades y la mayoría de administraciones educativas se encuentran en una potencial situación de despido, dada la escasez presupuestaria de que disponen.

La reforma tendrá duras consecuencias con la limitación a dos años de la ultraactividad de los convenios que altera el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores. La Federación de Enseñanza de CCOO ha impulsado convenios de ámbito estatal en difíciles negociaciones con patronales que a menudo se caracterizan por sus posiciones de intransigencia. Han sido frecuentes los procesos de negociación superiores a los dos años y en muchos de ellos ha empezado la cuenta atrás.

En la enseñanza privada pura (enseñanzas no regladas, las autoescuelas, la educación infantil, los colegios mayores), aunque no tengan pérdidas, podrán alegar la pérdida de ingresos para recortar los derechos laborales, empezando por los salariales.

Con el nuevo modelo de contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, con período de prueba de hasta un año y despido libre (no indemnizado), se puede convertir en la modalidad habitual de contratación temporal sin causa que lo justifique, si se tiene en cuenta que la mayoría de empresas que atendemos tienen menos de 50 trabajadores. A ello se une la ampliación de los contratos de formación y aprendizaje hasta los 30 años. Así, el panorama sombrío de desregulación puede afectar a bastantes ámbitos.

[José Campos Trujillo es secretario general de FECCOO y miembro del comité ejecutivo mundial de la IE]