Leo con estupor, una vez más, los planes del Gobierno de Rajoy para salir de la crisis, cuyos recortes han llegado ya a la Sanidad y a la Educación públicas. La edición digital de El Economista del pasado jueves anunciaba la reducción del presupuesto destinado a Educación, un 21,9 por ciento respecto al año anterior, siendo la enseñanza universitaria la más afectada porcentualmente con una disminución del 62,5 por ciento del presupuesto. Como ha manifestado la actual presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la Rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, esta drástica restricción hace peligrar las actividades programadas por las universidades y las obliga a afrontar el futuro con una gran incertidumbre.

Es cierto que las universidades españolas necesitan llevar a cabo una autoevaluación rigurosa de sus medios y de sus recursos, y que hay que diseñar un mapa universitario de centros y titulaciones más racional, que atienda a criterios de eficacia académica y científica, pero sin desatender la función social, económica y cultural que justifican su existencia. La imposición de criterios economicistas, pendientes solamente de la rentabilidad financiera y no de la rentabilidad ciudadana, está conduciendo, a mi entender, las políticas de ajuste por la senda equivocada. El gobierno de la nación parece estar aprovechando la ocasión para mover los cimientos de un estado del bienestar que, pese a no funcionar adecuadamente, situaba a España a la altura de los grandes países europeos. Su desmantelamiento se está llevando a cabo de una manera rápida y progresiva, sin un análisis objetivo de la realidad social, y olvidando que la economía ha de estar al servicio del hombre y no al revés. ¿Cómo es posible que una crisis provocada por el sector bancario y, por tanto, financiera en su origen, pueda, una vez saneada la banca por el Estado, hacer repercutir sus efectos sobre el conjunto de los ciudadanos, y no sobre los causantes reales del problema? ¿Qué modelo de sociedad es la que hemos construido que sigue aumentando la brecha económica entre los que más poseen y los ciudadanos de a pie cada vez más empobrecidos? ¿Qué pasa con nuestra clase política que no es capaz de ejercer en el seno de la Unión Europea la defensa de nuestros intereses nacionales, sometidos al dictado de una Alemania que asiste impasible al deterioro de las economías euromediterráneas?

Todos sabemos que los discursos políticos cambian en función de las estrategias del momento, y que nuestros gobernantes solo tratan de acallar las posibles disensiones de la opinión pública practicando la desinformación como forma principal de la comunicación política. Lograr el máximo consenso en torno al paquete de medidas adoptado es su principal objetivo, defendiendo eso sí los intereses de una comunidad europea que hace aguas y que practica además una solidaridad mal entendida. Se trata, pues, de una lógica perversa que pretende hacernos creer al conjunto de los ciudadanos que no hay más salida a la crisis, y que lo único que nos queda por hacer es aguantar, sufrir en silencio los recortes económicos, y asumir que la población siga siendo castigada por el paro y la desesperación. No deja de ser una falacia la idea repetida desde el gobierno de que así saldremos de la crisis. ¿Pero quiénes saldrán de ella? ¿O cuándo? ¡Y qué decir de la generación de jóvenes que están abocados a la emigración o a sobrevivir en España en condiciones difíciles! ¡Y de aquellos que, tras una vida de trabajo, son empujados al paro, al desahucio, o a la pobreza! ¿O es que acaso las historias personales de los más de cinco millones de parados que existen en nuestro país no son importantes y no han de ser tenidas en cuenta a la hora de buscar una solución? ¿O es que las políticas económicas para salir de la crisis no son compatibles con la búsqueda de alternativas para que los ciudadanos puedan afrontarla con medios de vida suficientes para llevar una vida digna? Cada vez me da más la impresión de que las clases privilegiadas de nuestra sociedad han utilizado la coyuntura para reforzar su posición de hegemonía, aprovechando el eufemismo del dictado de los mercados, y a su vez para consolidar su predominio ideológico. Lamentablemente, las medidas que afectan a la Sanidad y a la Educación en nada contribuirán a la salida de la crisis, sino al desmantelamiento de lo logrado, y a la reconversión de un sistema público que, aunque haya de ser revisado, ha sido hasta ahora un factor de desarrollo, de bienestar social, y de progreso. Este gran recorte en estos sectores de actividad repercutirá, sin lugar a dudas, en la calidad y en la universalidad de los servicios. Detrás de él se encuentra una clara voluntad privatizadora, y un cambio de modelo que significa un paso atrás en el tipo de sociedad que la mayoría de los españoles quisimos construir con la transición a la democracia. La Sanidad y la Educación son los pilares de cualquier sociedad del bienestar y motores del progreso, y una sociedad que no invierte en Educación y en Sanidad sencillamente no tiene futuro, o lo tiene muy negro.