El pleno de la Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 5 de junio 2012, aprobó por unanimidad, el Informe Anual de Gestión de la Oficina del Defensor del Ciudadano. En sus siete años de funcionamiento esta Institución ha gestionado más de 29.720 actuaciones, con incremento del 15% de las quejas presentadas en relación al ejercicio anterior.

Durante este periodo, el trabajo se ha encaminado a cumplir con los objetivos estatutarios de las defensorías, tratando de poner al servicio de la ciudadanía un instrumento ágil y eficaz para canalizar las quejas, sugerencias y/o reclamaciones, contribuyendo a una mayor transparencia, confianza y acercamiento de las instituciones públicas al conjunto de la ciudadanía.

En momentos como los actuales, donde la desconfianza de un amplio sector de ciudadanos, en relación a los poderes públicos se está incrementando, se precisa que se adopten medidas de mayor conocimiento y eficiencia en el funcionamiento de las administraciones. En estos objetivos pueden contribuir las oficinas de los defensores del pueblo o ciudadanos.

En el caso de la Defensoría de Málaga, dependiente de la Diputación Provincial, el pasado año tramitó 6.048 actuaciones, de las que 2.356 fueron expedientes de quejas, 3.081 atención telefónica de orientación y asesoramiento y 611 entrevistas personalizadas con colectivos y particulares.

El plazo de respuesta a estas tramitaciones está recogido en una carta de servicios donde el acuse de recibo y asignación del número de expediente está en poder del reclamante en un plazo no superior a 72 horas y el procedimiento de trámite de queja iniciado en periodo inferior a treinta días. El cumplimiento de estos plazos es uno de los motivos de mayor satisfacción por la ciudadanía. No es casual que el mayor número de quejas, recogidas por la ODC, se refieren a la lentitud o falta de respuesta a los escritos y/o requerimientos de los ciudadanos por las administraciones públicas, así como los problemas medioambientales, relacionados con el ruido. El informe pormenorizado de las diferentes quejas puede consultarse en la página www.malaga.es/defensor.

No obstante, a la intervención por mandato estatutario, de tramitación de quejas, sugerencias y/o reclamaciones con relación a las administraciones públicas, se han unido, como consecuencia de la crisis económica, nuevas demandas de organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos que ven en la Oficina un referente donde plantear su problemática, en especial en los casos de embargos hipotecarios. Son materias que exceden de nuestra competencia, no obstante, la magnitud del problema, con más de 150.000 ejecuciones hipotecarias y 350.000 procesos abiertos, precisan de nuestra colaboración en la búsqueda de alternativas a la situación de alarma social que generan. Por ello, se ha elaborado un documento, «Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo», donde se recoge el firme compromiso de todas las defensorías en el apoyo y mediación en las búsqueda de soluciones a este grave problema social.

Estas y otras cuestiones similares, reflejadas en el Informe Anual, son sobre las que se intervienen en la ODC, tanto por obligación estatutaria, como para contextualizar las propuestas e inquietudes que nos trasladan los colectivos sociales y ciudadanos. La resolución favorable, en el 70% de los casos, contribuye a mejorar las administraciones públicas y continuar avanzando en el derecho de la ciudadanía a una buena administración.