El pasado día 7 de junio tuvo lugar en el Salón de Actos de Cajamar, sito en la Alameda Principal de Málaga, una mesa redonda sobre Documentos, transparencia y archivos, de la que ya se hizo eco este mismo periódico, organizada conjuntamente por el Archivo Histórico Provincial de Málaga y el Archivo Municipal de Málaga, y que fue antecedida de las intervenciones del Delegado Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, Manuel Jesús García Martín, y de Francisco Cabrera Pablos, en representación de Cajamar.
Con este acto se quería poner de relieve, según los organizadores, la función social de los archivos como ejes vertebradores del conocimiento, de la verdad, y de ser depósitos de garantías. Dicho acto, en el que tuve la oportunidad de participar junto a Esther Cruces Blanco, Ángel Sánchez Blanco, Javier Gómez y Mª Pepa Lara García, formaba parte del conjunto de actividades programadas en la provincia de Málaga por la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Antequera, etc., para celebrar el Día Internacional de los Archivos que tiene lugar cada 9 de junio. Esta conmemoración se viene llevando a cabo desde 2008, en recuerdo de la creación en París en el marco de la UNESCO del Consejo Internacional de Archivos (CIA) el 9 de junio de 1948.
El CIA es una organización no gubernamental dedicada a la protección de los archivos de todo el mundo y a dar a conocer el valioso patrimonio que conservan como parte esencial de nuestra memoria cultural. El proyecto de Ley de Transparencia que actualmente prepara el Gobierno fue contrastado con la difícil situación por la que atraviesan muchos archivos españoles, como ejemplo de las contradicciones en las que puede incurrir un sistema político que formalmente pretende proteger a los ciudadanos mediante la aplicación de actuaciones que garanticen la transparencia de la Administración Pública, pero que en la práctica no vela adecuadamente por la preservación y el mantenimiento de sus archivos y de los documentos que en ellos se contienen.
Como se encargó de explicar Esther Cruces, sin documentos no hay hechos fehacientes y sin archivos no hay transparencia. Los archivos son necesarios para el control democrático de la Administración y de los poderes públicos, además de ejercer funciones de transmisión cultural o servir de fuente para la investigación. Una sociedad democrática ha de ser una sociedad transparente. Pero ¿es eso posible en una sociedad que ha perdido la confianza en su clase política y en sus medios de comunicación? La transparencia no solo ha de ser política o de la clase política, algo que resulta obvio, sino de los mecanismos del poder y de los procesos que intervienen en la toma de decisiones públicas y privadas que afecten a los ciudadanos, así como de los medios de comunicación social, que han de ser fuentes de transparencia y de credibilidad. Asimismo, la transparencia ha de estar en la base de las políticas que garanticen los derechos humanos: el derecho a la información y a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho al consumo.
Y en este sentido la transparencia ha de ser también ética y responsable, cualidades sin las cuales no hay ejercicio democrático del poder. Porque de lo contrario se seguirán produciendo enormes contradicciones, paradojas de un sistema que mientras defiende la transparencia protege la opacidad de otras actuaciones por razones de interés nacional, internacional, político o económico. ¿Es posible en democracia garantizar la transparencia de todo el sistema? O sólo será posible parcialmente. ¿Por qué siguen sin ser desclasificados con el PP los documentos militares de 1936 a 1968 que había previsto la anterior Ministra de Defensa, Carmen Chacón? ¿O los documentos del 23F, como solicitan PSOE e IU? Los medios de comunicación y los archivos son instituciones que pueden desempeñar en este contexto una importante labor de garantía del derecho al acceso a la información, y de ahí su importancia en toda sociedad que pretenda el funcionamiento transparente de sus organismos e instituciones.
Los medios de comunicación son, en sí mismos, un archivo, un contenedor de la actualidad en todas sus manifestaciones; una fuente privilegiada para el análisis social e histórico. Y, por su parte, los archivos siguen siendo instituciones básicas en la conservación y generación del conocimiento. Tengo el convencimiento, sin embargo, de que la protección de los archivos así como la defensa ética del periodismo es mayor en las sociedades más desarrolladas y con democracias más asentadas. Pero tengo, al mismo tiempo, la impresión de que estos asuntos no atraviesan en España por uno de sus mejores momentos.
Sin embargo, quiero acabar hoy este artículo con una breve mención a las archiveras malagueñas Esther Cruces Blanco, Mª Pepa Lara García y Trinidad García Herrera, las tres presentes en el acto con el que comenzaba esta columna, como modesto reconocimiento y homenaje a su extraordinaria labor al frente de los archivos que han dirigido y que siguen dirigiendo, pues sin su trabajo una gran parte de la historiografía malagueña y andaluza no hubiera sido posible. Gracias.
