Rebelión de las batas blancas

Nadie duda de que la sanidad púbica andaluza es una de las mejores de todo el sistema sanitario público español. Es una sanidad que obtiene el reconocimiento de casi todos los profesionales médicos e incluso la portavoz en materia sanitaria del PP, Esperanza Oña, destaca la calidad asistencial en Andalucía. Logros indudables como la apuesta por la investigación y los programas de biomedicina; la adecuación a los avances tecnológico, especialmente los de diagnóstico radiológico; en innovación; derechos asistenciales; cartera de servicios; asistencia por acto único; oficina virtual del sistema sanitario público andaluz; decreto de garantía de tiempos máximos de espera en intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y primera consulta con el especialista; la ley reguladora de la investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica; la ley de análisis genéticos; la ley de investigación con preembriones humanos no viables para fecundación in vitro; la ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las personas ante el Proceso de la Muerte...

Hitos bajo los que se esconden una serie de problemas históricos derivados de la excesiva politización de la gestión sanitaria, que ha dado lugar a un área administrativa elefantiásica alimentada con nombramientos de jefes médicos y cargos intermedios con criterios políticos y no médicos; o brillantes operaciones propagandísticas a través de las innumerables agencias sanitarias públicas que ocultan la realidad diaria que sufren los miles de profesionales que trabajan para el Sistema Andaluz de Salud.

Ayer sábado, La Opinión de Málaga contaba la historia de Javier Castilla, un dentista que debido a la política de contrataciones del SAS se ve obligado a dormir en su vehículo en la puerta del centro de salud de Torremolinos, pues un día le ofrecen cubrir tres días allí, otro día le contratan para dos días en Huelva y a la semana siguiente encadena cuatro sustituciones en Mojácar. Es un caso extremo, sin duda, pero evidencia la precariedad laboral de los eventuales del SAS desde que se decidió eliminar la convocatoria regular de oposiciones sustituyéndola por la interinidad y la discrecionalidad. Así, es común los contratos de un día o de lunes a viernes para no pagar el fin de semana, una política de personal que desmotiva y que provoca también que excelentes profesionales formados con dinero público se marchen a otros países en busca de una seguridad laboral exigible en cualquier administración pública.

Junto a la precariedad laboral coexisten otros males no reconocidos abiertamente por Salud como la masificación de los centros hospitalarios, sobre todo de las urgencias; la degradación de la atención médica en los centros de salud por la falta de tiempo de los profesionales a los que se les exige una serie de labores burocráticas; la externalización de especialidades..., que merman la calidad asistencial. Durante años, las rebeliones del personal sanitario han sido más o menos silenciosas hasta que este año han salido en masa a las calles o se concentran de forma casi diaria en las puertas de los centros sanitarios para protestar por la política de recortes que la Consejería de Salud está aplicando y que afectará sin duda a la calidad asistencial como mantiene hoy el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, en una entrevista en este periódico. Su análisis es certero y directo: «No se nos puede exigir a los médicos más con menos tiempo y menor salario. No somos magos». Los recortes de sueldo y de jornada laboral aprobados por la Junta de Andalucía afectarán, por tanto, a la atención de los pacientes, aumentarán las listas de espera, habrá más tiempo de espera para lograr una cita con el especialista... Salud no responde a nada de esto. El silencio es su respuesta.

Durante estas semanas se han multiplicado las movilizaciones y se han firmado innumerables manifiestos contra la política de recortes del SAS. Celadores, enfermeros, médicos, jefes de servicio se han puesto en pie de guerra para denunciar los ajustes y la gestión de la Consejería de Salud, que incluso está presionando a sus cargos intermedios para que acaten los recortes salariales y se abstengan de secundar las protestas o firmar manifiestos. Casi todos coinciden en que existen otras vías alternativas como es la supresión de algunas empresas públicas sanitarias, que tienen más que ver con la política de propaganda y colocación del SAS que con una labor asistencial directa al paciente. Exigen que la Junta de Andalucía realice un análisis exhaustivo de la viabilidad y rentabilidad de algunas de esas empresas públicas al entender que Salud ha creado durante la época de bonanza una inmensa estructura sin finalidad asistencial de fundaciones, escuelas y otras entes que son prescindibles en tiempos de crisis económica.

La situación no es menor y el silencio de la Consejería de Salud no es la mejor receta para tranquilizar a los usuarios del más que aceptable sistema sanitario público o mantener la ancestral implicación del personal sanitario con su trabajo. Algunos directores de centros hospitalarios o de unidades clínicas consideran que se va a certificar definitivamente el fin del compromiso de la mayoría de los profesionales con el SAS al echar por tierra la cultura de trabajar por objetivos.

Por lo pronto han decidido aplicarle al SAS su misma medicina y los profesionales han iniciado una «huelga de excelencia» que consiste en aplicar a rajatabla los protocolos de actuación, lo que implica que no se darán de alta a pacientes de forma precipitada o no realizarán los procedimientos administrativos que no estén vinculados a la atención y cuidados del paciente. El verano se presenta caliente.

Juande Mellado es el director de La Opinión de Málaga