El pasado 30 de noviembre, con nocturnidad y premeditación, una escueta nota de prensa hizo saber a la opinión pública española -y muy especialmente a la aragonesa- que se había firmado un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón (sostenido por un bipartito PP-Partido Aragonés Regionalista) para invertir 30 millones de euros anuales en Teruel entre los años 2012 y 2016. Es decir, que Teruel va a disfrutar de inversiones por importe de 120 millones de euros en cuatro años por imposición del PAR (es decir, por la cara) y, lo que es más sangrante, con dinero que se nos hurta a Andalucía.

El asunto no es baladí. Como la Comunidad Autónoma de Aragón supera la renta media española no puede recibir dinero del Fondo de Compensación Interterritorial (el llamado desde siempre FCI). Ese Fondo se creó y existe para invertir en las comunidades autónomas cuya renta per cápita está por debajo de la media nacional. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy se ha sacado de la chistera otro truquito: como Teruel es una provincia muy desigual dentro de Aragón, pues la financiación del FITE (Fondo de Inversión en Teruel) se saca directamente del FCI. Así que mientras que el PP en el Parlamento de Andalucía reclama obras y obras sin tener la valentía de exigir a su propio Gobierno que sea justo con Andalucía, mientras que el PP de Andalucía elude exigir a Rajoy, Montoro y Ana Pastor que cumplan con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, mientras que el PP en el Parlamento de Andalucía habla constantemente de «bipartito» para referirse con cierta displicencia al Gobierno de la Junta de Andalucía, nos cuelan por la puerta de atrás un millonario Fondo de Inversión en Teruel para sostener el bipartito aragonés con dinero hurtado a los andaluces.

No es la primera vez, ni será la última, que el Gobierno del PP utiliza los presupuestos públicos con intereses exclusivamente partidistas. Lo ha venido haciendo desde que ganó las elecciones, financiando la quiebra de la Comunidad Valenciana, dando anticipos a Cataluña para apuntalar las expectativas electorales del PP y de Sánchez Camacho, una lideresa que ha desplazado a Zoido en capacidad de influencia y en proyección mediática. Lo ha hecho destinando a Andalucía menos inversiones de las que quedaron establecidas por el Estatuto de Autonomía. Y lo hace encumbrando a Zamora -provincia natal de Ana Pastor y de Doña Urraca, aquel personaje histórico que estudiamos en bachillerato- y a Teruel al olimpo de las provincias agraciadas por la lotería de las inversiones del Estado. Todo un proyecto de país, como vemos.

No es justo, y lo saben. Por eso lo anuncian de tapadillo. Por eso evitan las Cortes con una batería de Reales Decretos Ley, firman acuerdos bilaterales con las comunidades autónomas afines y presentan enmiendas a los PGE 2013 por la noche en el Senado. Andalucía está castigada. La democracia no les gusta, y menos cuando no les da la razón. Día tras día, con el dinero que en justicia corresponde a Andalucía, el PP hace política interna, política partidista, sin visión de Estado, sin criterios de justicia distributiva, sin el más mínimo respeto al orden constitucional y estatutario de este país. Luego, además, pretenden pasar por patriotas. Están destruyendo España, para decirnos luego que han venido para salvarla. Como dice Pablo Motos, apañaos estamos.

Enrique Benítez es parlamentario andaluz del PSOE