España siempre se ha caracterizado por ser el país de la Unión Europea que menos viviendas alquila. Es más, hasta ahora los españoles preferían con creces comprar una casa e hipotecarse antes que alquilarla. Según el Banco de España, en 2010 el 86% de las viviendas de nuestro país eran de propiedad y sólo un 14% se alquilaban.
Sin embargo, debido a la crisis económica, el mercado de la vivienda y las condiciones laborales de los ciudadanos han cambiado, lo que ha potencializado una modificación radical de la mentalidad española.
La conocida «burbuja inmobiliaria» produjo una brusca caída de la demanda y de los precios a medio plazo. El mercado fue incapaz de absorber la enorme oferta de vivienda construida y vacía disponible. El precio medio de la vivienda comenzó a bajar a niveles de 2005, pues estaba demasiado alto respecto al salario medio de los españoles. A pesar de ello, la situación siguió siendo insostenible.
Comprarse una vivienda suponía firmar un contrato hipotecario con el banco que tenía una permanencia media de 30 años. Acceder a una vivienda digna suponía tener una hipoteca durante años para que, en caso de impago, la propiedad pudiera pasar a pertenecer a la entidad bancaria. Esta coyuntura económica ha llevado a los 400.000 desalojos que han sufrido familias desde el año 2008, entre otras lamentables circunstancias.
Ante esta situación, el Gobierno ha dado un paso más para buscar una solución y situar a nuestro país a niveles del resto de Europa. Alemania tiene el 57% de su parque residencial destinado al alquiler, le sigue Holanda con un 47%, Francia con un 38% y Reino Unido con un 32%. Y el cambio español reside en la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Alquiler de Viviendas, que entró en vigor el jueves y que reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La principal novedad que aporta esta legislación es la protección al propietario, pues le da mayor seguridad si tiene algún problema con el inquilino. Gracias a la normativa, se reducen los plazos legales de duración del contrato de arrendamiento, pues la llamada «prórroga obligatoria» establecida en el primer contrato pasa de cinco a tres años. Agotado este período, y si ninguna de las dos partes se pronuncia, se aplica la «prórroga tácita automática» que tiene una duración de un año más, cuando antes eran tres años. De esta forma, ya no tendrá que esperar 8 años, sólo 4.
Además, hay que señalar que el dueño a partir de ahora tendrá más facilidades para recuperar la vivienda en caso de necesitarla para él o un familiar de primer grado.
Por parte del inquilino también se han implantado mejoras, pues podrá irse de la vivienda una vez hayan pasado al menos seis meses, sin tener que esperar a que termine la anualidad del contrato, avisando simplemente con un mes de antelación.
De esta forma, alquilar se convierte en una opción más apetecible, dado que no es necesario meterse en una hipoteca y sufrir el riesgo de perderla si no se puede pagar. Y así lo están demostrando nuestros jóvenes, que ven en esta opción la forma más viable de independizarse.
Según indicó el Observatorio de Vivienda, dependiente del Consejo de la Juventud, un joven, para comprar una casa y no endeudarse demasiado, debería cobrar como mínimo unos 3.500 euros mensuales. También señaló que un joven destinaría el 86% de su sueldo a la hipoteca.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto y la nueva Ley, ¿España se convertirá en el mercado de alquiler más dinámico del mundo? Así lo afirmó hace dos meses un estudio sobre el mercado del alquiler desarrollado por la red inmobiliaria Solo Alquileres. Esperemos que así sea.
Yolanda González Guerrero es Coordinadora de la sección de Derecho Bancario del Colegio de Abogados de Málaga
