03 de noviembre de 2013
03.11.2013
40 Años
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Málaga Solidaria

Centros de Internamiento, la impunidad como norma

03.11.2013 | 05:00

Las sesiones del juicio que juzga a cinco policías nacionales por presuntos abusos sexuales en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga son desagradables. Muy desagradables. Las respuestas de los dos primeros acusados dejan claro, fundamentalmente, una cosa: la impunidad existente en estos centros. Las palabras de los acusados desvelan el enorme oscurantismo que había en el funcionamiento del CIE de Capuchinos, un agujero sin control que, a pesar de las denuncias de numerosas organizaciones sociales, permitía la vulneración continuada de los derechos más básicos de las personas allí retenidas. Una situación que, con la aquiescencia de responsables políticos de uno u otro signo, desgraciadamente se viene repitiendo en los otros centros de internamiento aún en funcionamiento, como han revelado una y otra vez los distintos informes de entidades sociales, defensores del pueblo o sindicatos policiales, entre otros.

Lamentablemente, la historia del CIE malagueño está repleto de ejemplos dramáticos y repulsivos. Basta repasar la cronología de este centro: Málaga Acoge y otras entidades hemos recopilado para seguir denunciando y visibilizando las injusticias que tienen lugar en estas "cárceles encubiertas", abandonadas y donde parecen obviarse las obligaciones que un estado como el nuestro tiene de respetar los derechos de todas las personas. Lo hemos hecho en la página www.facebook.com/ciedemalaganuncamas, donde se encuentran muchos de los hechos que durante más de veinte años –sí, veinte años: siete legislaturas, siete gobiernos y cuantos responsables que miraban para otro lado– muestran la verdadera naturaleza de este centro. La denuncia por agresión sexual del año 1995, la expulsión de personas inmigrantes sedadas con haloperidol, la separación de familias con menores, el incendio de sus instalaciones, los intentos de suicidio, las carencias sanitarias, las diferentes mociones del Ayuntamiento de Málaga que han solicitado el cierre del centro, los informes del Defensor del Pueblo o de la Fiscalía donde se dejaba claro la mala situación del CIE€

Afortunadamente, y gracias en buena medida a la presión social, el CIE de Capuchinos cerró en junio de 2012. Sin embargo, el gobierno no descarta una próxima apertura de un nuevo CIE en nuestra provincia: «en la actualidad no se dispone de solar adecuado para la ubicación de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros en la provincia de Málaga. No obstante, una vez se disponga de los terrenos necesarios, y siempre que los costes de inversión que ello implica tengan adecuado encaje en las dotaciones presupuestarias disponibles, se procederá a la redacción del proyecto y a la contratación de las obras correspondientes» señalaba en marzo de este año. Más claro agua: el Ministerio de Interior –por cierto, una de las pocas áreas que no se ve afectada por los recortes– no va cejar en su empeño para reabrir una de las páginas más tristes de la historia de nuestra ciudad.

Por eso, la celebración de este juicio ¡siete años después! no sólo debe ser la oportunidad para exigir justicia. También es la oportunidad para que la sociedad en su conjunto –con sus instituciones públicas a la cabeza- reclame el cierre la desaparición definitiva de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Aún hay abiertos ocho en España, uno de ellos muy cerca de aquí: en Algeciras. Un CIE que arrastra una situación aún peor que la que tenía el centro malagueño y que ha llevado a que el Parlamento de Andalucía, hace ya un año, pidiera al gobierno español su cierre por «las nulas condiciones de habitabilidad y de aplicación básica de derechos humanos». Y ya sabemos que donde no se aplican los derechos, campa la impunidad y el abuso sobre los más débiles.

La desaparición, el cierre definitivo, de los Centros de Internamiento de Extranjeros no es sólo una obligación moral que tenemos con las víctimas, es uno de los más claros indicadores de nuestra voluntad de querer ser una sociedad que garantice los derechos para todas las personas.

*Alejandro Cortina es director de Málaga Acoge

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