Es la pregunta que uno se hace día sí y otro también al leer las informaciones que aparecen en la prensa sobre políticos municipales de todas las ideologías - si es que tienen alguna aparte de su más que evidente codicia- imputados por corrupción, casi siempre vinculada al urbanismo.
La última la protagonizaba la exalcaldesa de un pueblo zaragozano cuya existencia uno ignoraba hasta ahora- tenía en principio sólo 800 habitantes que pasaron a 5.000 en sólo diez años- y para quien se piden ahora 69 años de cárcel y una multa de 37 millones de euros.
La política, de un partido regionalista, está acusada de haber favorecido a constructoras con recalificaciones irregulares a cambio de regalos para ella y sus familiares que incluían una flota de automóviles, una pista de tenis, pisos en varios lugares, entre ellos uno en la República Dominicana, además de viajes a lugares más o menos exóticos como la Polinesia o el Caribe.
La riqueza generada por la venta y alquiler de terrenos para la instalación en el término municipal de uno de esos parques eólicos que tanto afean el paisaje debió de subírsele a la cabeza a la alcaldesa, que se dedicó a eso que parece gustar tanto a muchos de nuestros políticos: poner placas con sus nombres en instalaciones que con demasiada frecuencia luego se quedan vacías y sólo sirven para desahogo de grafiteros.
Entre las instalaciones por ella inauguradas había un auditorio - que ahora sólo se utiliza para las fiestas del pueblo- una plaza de toros, un complejo deportivo, un zoológico, una biblioteca y uno, sino varios museos: entre ellos uno dedicado a la vida y la naturaleza y otro al viento.
Junto a la exalcaldesa, a la que se considera jefa de la trama de corrupción, hay otros imputados, exconcejales, familiares de la política y algún empresario beneficiado por el trato de favor de aquélla, para los que se solicitan también años de cárcel.
Lo que resulta más sorprendente lo mismo en este como en tantos otros casos que están saltando sólo ahora a las páginas de los periódicos es el hecho de que todos, corruptores y corruptos, pudiesen actuar durante tantos años, y muchas veces bajo distintos gobiernos, en la más completa impunidad.
¿Nadie se dio cuenta de nada? ¿No hubo ningún tipo de control por parte de quienes debían ejercerlo? ¿O eran tantos los beneficiados directa o indirectamente de ese modo de proceder que se pensó que mejor era hacer como que se miraba para otro lado y presentar los hechos consumados?
Nuestra piel de toro está marcada por las cicatrices de un urbanismo salvaje y feo, y las más de las veces además insensato, que ha dejado en todas partes urbanizaciones sin acabar, ruinas prematuras, infraestructuras que nadie usa, aeropuertos que no quiere nadie.
Y lo peor del caso es que la mayoría de los responsables - políticos o empresarios- no llegarán a responder, como esa exalcaldesa, ante la justicia. Y volverán además a las andadas a la primera ocasión que se les presente porque la codicia no tiene límites y aquí parece que nadie escarmienta.
