Últimamente, la vida política de nuestro país oscila entre la confianza de un gobierno ante el futuro, producto del acierto de sus políticas que empiezan a reflejarse tímidamente en algunos resultados económicos, y los claroscuros de una crisis que ensombrecen socialmente ese cambio de tendencia y, desde luego, contrastan con el optimismo del Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy.
Tiene algunas razones para ser optimista. Ha cosechado un cierto éxito internacional en su visita a Estados Unidos donde el presidente norteamericano, Barack Obama y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, respaldaron su liderazgo y su política económica de reformas aunque persisten los desafíos del crecimiento económico y del desempleo. En una palabra, le dijeron que vamos por buen camino aunque éste será largo: al menos, diez años para arreglar la crisis en España, aseguraba el vicepresidente y comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Olli Rehn. Las excelentes relaciones diplomáticas y las declaraciones fruto de una buena política de comunicación constituyen dos elementos fundamentales para recuperar la confianza de nuestro país en Europa y en Estados Unidos.
Sin embargo, la confianza generada en el estado de la economía española con los datos de diciembre y con este respaldo internacional se difumina con los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) en la que se observa una economía lastrada por un alto desempleo (26,03%), aumento del empleo precario -a tiempo parcial y a media jornada- y una población cada vez más numerosa que cada vez vive peor con la crisis -más de 3,5 millones de parados llevan más de un año sin trabajar y casi 700000 hogares carecen de cualquier tipo de ingreso-. Una economía con muchos desequilibrios, que crea muy poco empleo y cuando lo hace es inestable y de baja calidad y, sobre todo, produce unas terribles consecuencias sociales en importantes sectores de la población española y, si recordamos las palabras de Rehn, durarán más de lo que muchas familias pueden soportar.
Mientras la confianza de nuestros líderes políticos confían en nuestro en nuestro porvenir, y nuestros amigos europeos y americanos confían en su liderazgo y en nuestro país, los ciudadanos españoles hemos decidido otorgar el nivel más bajo de confianza de los últimos diez años a nuestros políticos -1,91 sobre 10- y 1,88 a los partidos que representan. En este aspecto, somos los últimos de entre 29 países europeos. Tampoco confiamos en ninguna institución de nuestra sociedad con excepción de la policía -que consigue aprobar con un 5,8-. Paradójicamente, esta encuesta muestra por primera vez un aumento en nuestro el interés por la política -que sube al 34%-. Los ciudadanos españoles expresamos un sentimiento de que los políticos no responden a los intereses sociales y, por ello quizás se observa un aumento de la movilización no convencional que está por encima de la media Europea, como la participación en manifestaciones (25,8% lo ha hecho), recogida de firmas(33,2%) en plataformas de movilización ciudadana (7,7%).
Nos encontramos pues, una ciudadanía que no confía en los políticos y en las instituciones pero sí cree en la política y si la política no les gusta sale a la calle para defender en lo que cree e intentar conseguirlo. Los ciudadanos salen más a la calle a defender causas concretas. Las que más les afectan: en defensa de la sanidad (marea blanca), educación (marea verde) o roja (ciencia). Lo más reciente, el barrio de Gamonal en Burgos donde los vecinos han conseguido paralizar las obras de un bulevar después de cinco días de presión en la calle en contra del alcalde.
En un país en que sólo los políticos confían en sus políticas, los datos las relativizan y los ciudadanos no confían en sus políticos ni en sus instituciones pero sí en la política. Lo nuevo es precisamente esto, aumenta el interés por la política y la participación. Son esos ciudadanos reactivos de los que escribió Rafael del Águila, con esa inteligencia y esa lucidez que tanto echamos de menos los que le conocimos, «ciudadanos definidos por su compromisos públicos por su capacidad de juicio y también de participación cuando ésta resulte necesaria». Es una llamada de atención ante la que debería reaccionar el sistema político. En beneficio no sólo de los ciudadanos, sino de la democracia.
*Ángel Valencia es catedrático de Ciencia Política
de la Universidad de Málaga
