La actualidad judicial viene cargada de noticias que hemos ido desgranando en La Opinión de Málaga a lo largo de la última semana, aunque entre todas hay dos que destacan por su importancia: la dimisión de la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), por su imputación en el caso de los ERE; y el procesamiento de la infanta Cristina de Borbón en el caso Noós por delitos fiscales y blanqueo de capitales, un asunto en el que no se ha producido ningún gesto. Vayamos por parte: la exconsejera de Economía del Gobierno andaluz da un paso al frente y se va, bien es cierto que después de que el PP la haya zaherido en numerosas ocasiones y una vez que muchos dirigentes populares, y el propio Gobierno, hayan expresado su deseo de que Álvarez deje un cargo manchado por su implicación en el macrofraude de los expedientes de regulación. El otro día, en declaraciones a los periodistas, se le vio cansada de esta historia. Tal vez hayan sido muy duras las últimas semanas, expuesta a la lupa mediática y tratando de cumplir con la millonaria fianza civil impuesta. Pero el gesto de irse del BEI le honra. Llega tarde pero la dicha es buena.
En el caso de la infanta, el daño hecho a la institución que representa ha sido muchísimo, tanto que, si el Rey Juan Carlos I no hubiera abdicado en su hijo, ya Felipe VI, podría haber provocado, como ha dicho el experto periodista en monarquía José Antonio Zarzalejos, un absoluto terremoto mediático e institucional. La Casa Real ya la ha apartado de la primera línea, pero ella sigue defendiendo a capa y espada al yerno trincón, el señor Iñaki Urdangarin, el tipo que teniéndolo todo recurrió a la pillería para vaciar las arcas públicas que se abrían ante su solo parentesco real, algo más grave si cabe en una época en la que miles de familias lo han pasado muy mal durante el último lustro y medio, asaeteadas por los desahucios, el paro y el indecente trinquerío de unos cuantos bancos con las preferentes y otros productos hechos para desplumar a los de siempre, como ahorita la Reforma Fiscal. La Casa Real, como expresaban los más afamados y prestigiosos comentaristas, debe dar un paso inmediato: quitar el Ducado de Palma a este matrimonio. Y la propia infanta, con el auto de procesamiento sobre su pecho, ha de abandonar voluntariamente su lugar en la línea de sucesión al trono. Más temprano que tarde. La ejemplaridad de la Corona está en juego, y la propia legitimidad de la institución, con un republicanismo que no para de crecer y el banquillo de los acusados acercándose peligrosamente en el horizonte. Al mismo tiempo alguien debería explicar el esperpento jurídico de la Fiscalía para evitarle el mal trago a Cristina. Lamentable.
