No sé si por ser verano, feria, que agosto se presentaba plano de noticias, que el titular era de los que indignaban con sólo leerlo, que se hacía público en un contexto donde las conductas de violencia de género son desgraciadamente ya, y para desesperación e irritación de los ciudadanos, el pan nuestro de cada día, que el alcalde hizo unas desafortunadísimas declaraciones que dieron dimensión nacional al asunto con críticas generalizadas desde todos los ámbitos de la sociedad dando paso a una sonada polémica... O todo junto a la vez.

Con semejantes ingredientes el cóctel molotov informativo estaba servido: cinco jóvenes (dos de ellos menores) violaban a una chica en el Real y grababan con su móvil la tropelía.

Fue leer pocos días después que la titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Málaga dejaba en libertad con cargos y sin fianza a los jóvenes, sin que el Ministerio Fiscal solicitase lo contrario -lo que como penalista, con muchas horas de vuelo ya en comparecencias de un juzgado de guardia-, me hizo advertir de inmediato que, pocos mimbres probatorios habría de tener la denuncia interpuesta cuando en un asunto tan grave, deleznable y delicado, que merecería la más dura sanción jurídica, y pese a la alarma social generada, se adoptase dicha decisión y de una forma tan rápida.

Un juez de instrucción no deja en libertad sin fianza a cinco denunciados por una violación múltiple, un muy execrable crimen, de forma poco meditada o caprichosa. Un fiscal tampoco lo deja pasar alegremente. Quiero creerlo y lo compruebo a diario. No me sorprendió dicha decisión, como tampoco me hubiera sorprendido la contraria, también debo decirlo (hay que conocer un procedimiento por dentro para entender la resolución judicial que finalmente se dicta). Una denuncia, por cualquier delito (sea contra el patrimonio, contra la libertad sexual, o contra el orden socioeconómico,€) no conlleva per se, no puede conllevar per se, una inmediata condena, pues para ello existe todo un reglado procedimiento penal a seguir, con las garantías que nosotros mismos nos hemos dado, en el que ha de demostrarse la culpabilidad de los, primero denunciados, luego formalmente acusados (ni eso siquiera en este supuesto), a continuación juzgados, y finalmente condenados. En firme.

Dado el tsunami levantado por dicha resolución (agigantado aún más tras archivarse la causa), sí que me sorprendió que la vorágine iniciada nos llevare a olvidarnos, por unos días, de la clave de bóveda sobre la que pivota todo nuestro Ordenamiento Jurídico: la Presunción de Inocencia que como Derecho Fundamental consagra el artículo 24 de nuestra Constitución.

Me repugnó, y debo decirlo, ver en las redes sociales incluso las fotografías reproduciendo públicamente los rostros de los cinco jóvenes a los que directamente ya se llamaba violadores y delincuentes; apuntándoseles con un dedo no ya acusador, sino condenatorio, que se tornó viral, iracundo y rabioso, cuando fueron puestos en libertad (hasta por whatsapp me llegaron sus fotografías con mensajes del tipo: «Estos criminales están en libertad»). Daba igual lo que hubiera pasado en la sala de comparecencias de la Ciudad de la Justicia y lo que allí hubiera visto, y en virtud de ello ponderado y decidido, no ya sólo una juez; sino la decisión que hubiera tomado también un fiscal; y la salvaguarda de los derechos de ambas partes que hubieran realizado los letrados que también allí estaban presentes.

El ataque a que en las redes sociales fue sometida la instructora (con comentarios y amenazas de todo tipo), me dejó atónito y me preocupa por lo que dice de nosotros como sociedad. En este sentido, me alegra enormemente no ya que el TSJA sino hasta el propio Colegio de Abogados de Málaga hayan salido, no sólo en su defensa, sino en defensa de la independencia de todo juez.

Ningún magistrado, por humano, es infalible. Pero precisamente por ello ya se prevén los recursos contra sus resoluciones. Y a día de hoy, que yo sepa, pudiendo hacerlo, la denunciante no ha recurrido la decisión judicial del archivo, como tampoco recurrió la puesta en libertad de los denunciados. No se olvide este dato, pese a que desde instancias públicas se le ha ofrecido asesoramiento jurídico para hacerlo (¿se desconfía acaso de la imparcialidad judicial? ¿Y por qué no en otros casos?) y no se ha contestado a la invitación.

Por último, y quiero recalcarlo, me chirriaron especialmente las declaraciones de i-responsables políticos que se han metido alegremente en este charco del sobreseimiento para criticarlo sin argumentos, precisamente porque son los mismos que claman por la presunción de inocencia de los suyos, aun con un auto de procesamiento sobre sus hombros, cuando hacen el paseíllo en los juzgados.

Y aquí, como digo siempre, cuando la política quiere forzar la puerta de un juzgado, la Justicia acaba saltando por la ventana. Reflexionemos.