El Boletín Oficial del Estado del penúltimo día de 2014, ha publicado el Real Decreto-ley 17, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Rajoy y Montoro se visten de Santa Claus y reparten, arbitraria y discrecionalmente, regalos navideños, fundamentalmente, a las comunidades autónomas. ¿Por qué?
De forma oficial porque el gobierno pretende trasladar a las administraciones territoriales las excepcionalmente buenas condiciones que el Tesoro español está obteniendo en los mercados financieros, produciendo, así, importantes ahorros en los costes que soportan, lo que favorece su sostenibilidad.
En mi opinión, porque ante el reiterado incumplimiento en su obligación legal de revisar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, ha decidido poner un parche y dejar definitivamente en el fondo del cajón, cualquier planteamiento de reforma del sistema en la actual legislatura.
Este gobierno, tan aparentemente defensor de las reformas, hace dejación de su deber de reformar en una materia que es vital para la eficiencia de unas administraciones que forman parte del Estado y que, además, son las encargadas de prestar servicios tan básicos para la ciudadanía, como la educación, la sanidad o los servicios sociales. La mayor parte de los perjudicados por tal dejación, en lugar de alzar su voz, parecen resignarse bajo la consigna del «mejor esto que nada». Hagamos un poco de historia reciente.
El vigente sistema de financiación de las comunidades autónomas data de 2009 y en el mismo se prevé que será revisado con efectividad de 2014. Por ello, en el segundo semestre de 2013, ante la manifiesta pasividad del gobierno para plantear un debate sobre una reforma que debía entrar en vigor al año siguiente, algunas comunidades, con Madrid a la cabeza, empezaron a exigir, de forma abierta, la necesidad de una reforma en profundidad. Entonces, Mariano Rajoy, con la evidente intención de intentar calmar una posible revuelta de sus barones, anunció que la reforma del sistema se realizaría a lo largo de 2014, pero después de la reforma fiscal.
La mal llamada reforma fiscal se ha aprobado, pero inmediatamente después del verano, el ministro de hacienda anunció que la revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas se aplazaba sine die, con el pretexto de que no había dinero suficiente para abordarla. Se trata de un pretexto falso, salvo que pretenda abordar la reforma cometiendo el mismo error que en todas las anteriores: mantener el statu quo y añadir más fondos con los que contentar, a corto plazo, a todo el mundo, aunque el sistema continúe siendo un auténtico problema. Que falte dinero no puede justificar dar un tratamiento tan discriminatorio a unos españoles respecto de otros; antes al contrario, tanto la abundancia como la escasez hay que repartirlas de forma equitativa.
Parece que Montoro no se ha enterado de que cualquier planteamiento auténticamente reformador de la financiación de las autonomías, pasa por partir de cero y diseñar algo totalmente nuevo que garantice una financiación idéntica, por habitante «ajustado», a todas las comunidades, de forma que sus ciudadanos puedan beneficiarse de los servicios en igualdad de condiciones, residan donde residan. Como, por la razón que sea, no hacen lo que deben, se sacan de la chistera un conejo que mantiene los defectos básicos del propio sistema de financiación: falta de transparencia, ausencia de criterios rigurosos y, en consecuencia, una vez más se incurre en la arbitrariedad. Un parche que no da respuesta a los problemas ya crónicos de financiación. ¿En qué consiste este remiendo? En pocas palabras: ya que no las financiamos adecuadamente, «que coman crédito»; se lo ponemos barato.
A partir de 2015, el gobierno central ofrece una cobertura crediticia más amplia que la que empezó a facilitar en 2012 -ante la insolvencia de algunas comunidades- con la puesta en marcha del fondo para el pago a proveedores y el fondo de liquidez autonómica (FLA), ahora a tipo de interés cero. El nuevo FLA está destinado a las comunidades a las que llaman «incumplidoras», exclusivamente para 2015, cuando podrán refinanciar la deuda existente, a tipo nulo. Evidentemente, cuando el tema era solamente un proyecto, las comunidades que, en su momento, decidieron no demandar fondos del FLA protestaron por lo que consideraban un premio para los incumplidores. A estas, les han pretendido callar la boca con un nuevo fondo, el de Facilidad Financiera, que les permitirá mejorar su coste de financiación durante los próximos tres años. Ya ven, las medidas no racionales conducen a espirales arbitrarias, por eso había que intentar buscarles una compensación.
El ministerio prevé que las comunidades autónomas se ahorren algo más de 5.800 millones de euros en costes financieros, pero con resultados muy dispares entre ellas; lógicamente, las más endeudadas y que más han recurrido al FLA, se verán más beneficiadas. En último término, y aunque pretendan vestirlo de otra forma, detrás de la operación hay una reestructuración de deuda que implica quitas. Lo que no se dice es que, como norma, las comunidades más endeudadas y con mayores niveles de déficit público son aquellas que están peor financiadas, con desviaciones negativas muy significativas a la financiación media por persona ajustada. Eso es lo que realmente hay que arreglar, pero se elige silenciarlas dándoles todavía más crédito que, antes o después, tendrán que devolver.
La normativa en materia de financiación es muy compleja, confusa y da lugar a que el resultado final no se parezca, para nada, con el supuestamente pretendido objetivo de igualar la financiación per capita. Es una legislación insostenible que no cumple con las previsiones contenidas en la Constitución Española y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Pero el Gobierno no va a reformarla, incumpliendo sus obligaciones. Es cierto que ha habido razones que dificultan la revisión del sistema, como la crisis económica y el desafío independentista catalán, pero las adversidades no exoneran a los gobernantes de cumplir con sus deberes.
*Juan Antonio Gisbert es economista
