Los continuos errores, rectificaciones y despropósitos cometidos por Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y Gobierno central en la gestión de los Baños del Carmen han propiciado que la rehabilitación de esta zona única en el litoral de la capital quede empantanada hasta la eternidad debido a la ineficacia de todos los que han participado en el proceso. Esta novela negra con tintes jurídico-político-empresariales es el relato de una ciudad un tanto anodina a cuyos representantes públicos les gusta juguetear con los proyectos como si de una partida de ajedrez se tratara en vez de solucionar los problemas que ellos crean.

La fase en la que nos encontramos ahora (si alguien es capaz de explicarla, que lo diga) se podría haber evitado si la Demarcación de Costas hubiera cumplido con la ley, pero eso es pedir demasiado. La Audiencia Nacional emitía una sentencia en enero de 2014 en la que se reafirma la «utilidad pública del rescate de la concesión» del balneario para la ocupación de los terrenos de dominio público marítimo terrestre en las playas de la Torre de San Telmo y ordenaba además a la Demarcación de Costas de Andalucía la incoación del expediente de rescate de las concesiones del balneario, amparándose en la Ley de Costas y en su reglamento.

Si se hubiera cumplido esta sentencia nos hubiéramos ahorrado uno de los múltiples debates sobre concurso sí o concurso no, ya que si la administración hubiera cumplido con la ley, el rescate extingue la concesión y, en consecuencia, no cabe prórroga alguna. Una vez que se hubiera hecho efectivo el rescate, se convocaría un concurso público para la explotación de las instalaciones del Balneario (zona hostelera) y solo faltaría que la parte pública acometiera el proyecto de rehabilitación de la zona presentado en 2010. Fácil, ¿no?

Pero aquí una sentencia firme de la Audiencia Nacional es papel mojado. Es más entretenido presentar y presentar proyectos sobre este espacio -incluso exponerlos en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga- y, cuando se alcanza un mínimo consenso sobre uno de ellos, lo divertido es dinamitarlo y despellejar a sus autores en el foro público.

Pero aún puede ser más triste. Se puede incluso recurrir a la demagogia, a las medias verdades o a tirar la piedra y esconder la mano para confundir a los ciudadanos. Esto es lo que le ha sucedido a un grupo de empresarios malagueños (Damián Caneda, José Luis Ramos, Gerardo Lumbreras Van Dulken y Alberto Yarte) que decidieron arriesgar y comprar las acciones de la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen de Málaga a sus antiguos concesionarios, las constructoras Vera y Acha. Cuando se conoció que dos de los empresarios eran exconcejales del PP, PSOE e IU olieron sangre y cuestionaron la operación y el alcalde de Málaga pasó de ver las bondades a solicitar un concurso público (¿antes que el rescate?) y el rescate de la concesión. Opinadores crucificaron a los empresarios por su pasado político (es casi mejor tener antecedentes penales, que políticos), exigiendo luz y taquígrafos en la operación, lo que dibujaba que ésta acabaría enfangándose como así ha sucedido. Al empuje del regidor por frenar la operación de su antiguo concejal Damián Caneda -pese a no tener competencias- se le unió la pelea entre la Junta de Andalucía y la Demarcación de Costas por ver quién debería dar el visto bueno a la compraventa de las acciones debido a un fallo de los cuatro empresarios por haber realizado mal la notificación de la compra de las mismas.

Todo este se podría haber evitado si se hubiera cumplido con la ley, con la sentencia de la Audiencia Nacional. Pero no. Para qué. Es mejor el divertimento, que vendrá ahora por fases. Primero conocer quién termina por sepultar el proyecto de estos cuatro empresarios. Demarcación de Costas cree que debe ser la Junta de Andalucía la que termine el procedimiento una vez que ha declarado inválida la transmisión de las acciones, pero el Gobierno andaluz mantiene que debe ser Costas aunque deja abierta la puerta a concluirlo. Una vez que la burocracia se aclare, los empresarios tienen la voluntad de iniciar una batalla administrativa e incluso judicial que podría alargarse años y más años, lo que permitiría a nuestros gestores seguir jugando con una de las zonas más privilegiadas de la ciudad.

Por desgracia el epílogo de la novela negra de los Baños del Carmen está aún por escribirse. Por ahora, en todos sus capítulos, sólo se leen traiciones, medias verdades e incumplimientos hasta de la propia ley. Su decadencia parece que ha terminado por contagiar a nuestra clase política, incapaz de firmar un buen final y generar sólo frustraciones por vendetas personales o por la simple incapacidad para impulsar un proyecto que ilusione a los ciudadanos. ¡Qué lástima!